Chilpancingo Gro. A la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la LIX Legislatura fue turnada una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la forma cómo será presidio el Congreso del Estado y su funcionamiento, en los casos que no están contemplados, manteniendo las disposiciones de carácter democrático que permitan la participación, en proporción a su representación, de todas las fuerzas políticas que conformen la Legislatura, facilitando su gobierno, coordinación y funcionalidad.
La propuesta presentada por los integrantes de la Comisión de Gobierno señala que el año pasado fue electoral y se aplicaron, por primera ocasión, las reformas que hizo la LVIII Legislatura, sin embargo quedaron incompletas porque no se contempló la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Argumentan que a partir de anteriores ejercicios constitucionales la integración de las fuerzas políticas fue cambiando paulatinamente y de tener una sola fuerza política la mayoría suficiente para sacar los asuntos avantes, se convirtió en la primera fuerza política de minoría, y ahora existen dos fuerzas políticas de primera minoría.
Por ello, menciona que derivado de la conformación de la actual Legislatura se impulsó un Acuerdo para la Gobernabilidad Parlamentaria, que privilegia las herramientas como son el acuerdo y el consenso, además como una medida para evitar la parálisis de unos de los tres poderes, pero sobre todo para dar respuesta a la voluntad de los guerrerenses.
De esta manera la iniciativa establece, entre otras cosas, que la Mesa Directiva ejercerá sus funciones por un año legislativo, conformado por los tres periodos ordinarios y los recesos que el año de ejercicio constitucional correspondiente transcurran, y el presidente no podrá ser reelecto para el siguiente año de ejercicio.
Asimismo, en el caso de que dos o más fracciones parlamentarias con el mayor número de diputados estén integradas por el mismo número de representantes populares, la Presidencia de la Mesa Directiva deberá alternarse con la de la Comisión de Gobierno, sólo entre los coordinadores de estas fracciones parlamentarias, evitando que la misma fracción ocupe ambas presidencias en el mismo año de ejercicio.
Exhorto a la PGR
A propuesta del diputado Armando Chavarría Barrera (PRD) se exhortó a la Procuraduría General de la República que analice profunda e imparcialmente la denuncia en contra de Rogelio Ortega Martínez, que los relaciona en supuestas actividades ilícitas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En tribuna, el coordinador de la Fracción del PRD dijo que el 18 de marzo José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velazco Arzac, presidentes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y de la organización Mejor Sociedad Mejor Gobierno, respectivamente, presentaron denuncia penal ante la PGR en contra Ortega Martínez, relacionándolo con las FARC.
Señala que Ortega Martínez es actualmente director del Instituto de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyas instalaciones recientemente fueron baleadas por sujetos desconocidos, lo que se considera como un mensaje de clara amenaza a la integridad física del académico universitario.
Por ello, se exhortó también a la PGR que atraiga la investigación y persecución de este ataque, y ejercite la acción penal para que se castigue a los autores materiales e intelectuales.
Sobre el mismo tema, a nombre de la Fracción del PRI, la diputada Guadalupe Gómez Maganda (PRI) condenó la agresión a la Universidad Autónoma de Guerrero y rechazó toda campaña que ponga en riesgo la seguridad de Rogelio Ortega Martínez y su familia.
Exhorto al Procurador
En la misma sesión, los diputados integrantes de la Comisión Permanente aprobaron realizar un exhortó al procurador de la entidad, Eduardo Murueta Urrutia, para que tome las medidas necesarias a fin de agilizar los procesos judiciales a los que están sujetos indígenas en los 18 Centros de Readaptación Social, y en los casos en los que proceda, el Ministerio Público se desista de la acción penal.
En la propuesta del diputado Armando Chavarría Barrera se exhorta además al Tribunal Superior de Justicia para que a través de sus jueces mixtos o penales de primera instancia, y en los términos de la ley correspondiente, revisen y sometan a los plazos del proceso penal en los que están sometidos indígenas de la entidad.
Dictámenes
En la misma sesión se dio primera lectura a 11 dictámenes donde se emite juicio a favor para que regidores de diversos ayuntamientos desempeñen actividades edilicias y docentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario