Exhortan al gobernador a que baje tarifas de autopistas

Chilpancingo de los Bravo, Gro. Diputados acordaron exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco del apoyo y respaldo al sector turístico del país, instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, hacer los ajustes necesarios y reducir las tarifas de peaje en las autopistas cuando estén en reparación, conservación o mantenimiento de cualquier tramo, superior al 20 por ciento del total de la ruta.
Asimismo, exhortaron al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que dentro de sus atribuciones en el combate al crimen organizado, salvaguarden la soberanía y autonomía de las entidades federativas, respetando con ello el pacto federal.
El diputado Francisco Javier Torres Miranda presentó en tribuna un Acuerdo Parlamentario donde expuso que desde que inicio operaciones la Autopista del Sol, además del mal estado en que se encuentra, presenta derrumbes a lo largo del trayecto, que generan graves accidentes en los que muchas veces los viajeros pierden la vida.
Dijo que por el alto costo de las tarifas que se cobran y las malas condiciones en que se encuentran la mayoría de las carreteras del país, en el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, para otorgar facultades a la SCT para que pueda disminuir el monto de la tarifa normal o exención del pago, cuando éstas estén en reparación o mantenimiento.
Por ello, propuso que se hagan los ajustes necesarios y se reduzcan las tarifas de peaje a un cinco por ciento, pero a propuesta de la diputada María Antonieta Guzmán Visairo, el acuerdo se modificó y se estableció que sea un 20 por ciento.

Exhorto al gobierno federal
En la misma sesión, el diputado Jacobo Granda Castro señaló que el 26 de mayo, la Procuraduría General de la República realizó un operativo en el Estado de Michoacán en el que detuvo a 28 servidores públicos, entre ellos 10 alcaldes y un juez, para ser investigados por presuntos nexos con el crimen organizado, pero que el gobernador de esa entidad informó que no se le avisó sobre el operativo.
Expresó que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática coincide que la lucha contra el crimen organizado debe ser toral, sin embargo también respalda la posición del gobernador del vecino estado en el sentido de que se realice una investigación pronta, transparente y apegada a la ley.
Añadió que será necesario estar vigilantes de acciones como las realizadas en Michoacán, para que no sean utilizadas con fondo político y no se trastoque el actual proceso electoral.
Por ello, planteó exhortar al Ejecutivo Federal y al titular de la PGR para que en el combate al narcotráfico, salvaguarden la soberanía y autonomía de los estados.

Iniciativas
A la Comisión para la Atención al Acceso a la Información se turnó la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, presentada por el diputado Efraín Ramos Ramírez (PC).
Asimismo, a la Comisión de Turismo se turnó la iniciativa de reformas a la Ley de Turismo para incluir en la prestación de servicios el ecoturismo y de aventura que pueda representar un mayor ingreso económico para la entidad, suscrita por la diputada Gisela Ortega Moreno.

Dictámenes
En la misma sesión, se dio primera lectura al dictamen con proyecto de acuerdo donde la LIX Legislatura se adhiere al exhorto del Congreso del estado de Chihuahua al Ejecutivo Federal, para que las Secretarías de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, celebren convenios de colaboración con las entidades y compañías telefónicas del país, a fin de establecer mecanismos tecnológicos que adviertan sobre las llamadas provenientes del interior de los Centros de Readaptación Social, con el objeto de prevenir las extorsiones telefónicas.
También quedó de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo en el que la LIX se adhiere al exhorto que hace el Congreso del Estado de Puebla al presidente de la República para que realicen acciones de inteligencia criminal, promueva operativos policiales necesarios, aplique los mecanismos legales indispensables y ejecute las políticas y programas de carácter social emergentes, que permitan disolver y prevenir los movimientos sociales a favor de la impunidad de la delincuencia organizada.