Aurelio Uribe posible primer muerto en conflicto del Guamilule

> El atentado contra los hermanos Uribe Sánchez agravara el pleito del Cerro del Guamilule.

Familiares del hoy occiso Aurelio Uribe Sánchez señalaron que tras la muerte y el atentado que sufrió también su hermano quien se encuentra en situación delicada José Uribe, el problema se agravará debido a que saben quienes son los responsables y se actuará bajo el amparo de la ley para castigar a sus agresores identificándolos como familiares de la señora María Isabel Garibo Vargas por el problema que venían teniendo del desarrollo turístico del cerro del Guamilule , en la comunidad de Barra de Potosí, municipio de Petatlan, Guerrero.
El viernes pasado los hermanos Uribe Sánchez fueron atacados por unos sujetos armados quienes les dispararon en más de ocho ocasiones cuando regresaban a su domicilio ubicado en la comunidad de Las Ollas entre las 10 y 11 de la noche, cuando llegaban de trabajar para la Desarrolladora Interad S.A. de C.V.
El pleito que llevo a que atacaran a estas personas se derivó del problema legal que existe por la posesión de la tierra de 148 hectáreas que la familia Garibo Vargas se empeña a desalojar, ya que el lugar donde se pretende construir un desarrollo turístico perteneciente a dicha empresa que ya adquirió esta zona por la vía comercial representada por el argentino Roberto Mario Guala, señalaron familiares de los afectados.
Hasta el momento se llevaran a cabo la averiguación previa para la detención de los agresores quienes se encuentran prófugos de la justicia y saber si la familia Garibo Vargas tuvo que ver con el atentado, por las acusaciones previas contra los representantes y los empleados de la desarrolladora Interad que han hecho los últimos meses.
En la lucha por el territorio en litigio los empresarios que intentan construir un parque ecológico cuentan con los títulos de propiedad que en su momento se los vendió el señor Raúl Mendoza Benalonso a través de la Secretaría de la reforma agraria y que están escritos en el Registro Agrario nacional, por lo que los señores Pedro Olea Bracamontes y el arquitecto Roberto Mario Guala tienen los derechos legítimos de estas 148 hectáreas en disputa contra la familia Garibo Vargas.