Piden legisladores esclarecer asesinato de cura y seminaristas

Chilpancingo de los Bravo, Gro. Por unanimidad los legisladores exhortaron al Ejecutivo estatal que instruya al procurador General de Justicia y al secretario de Seguridad Pública que diseñen una estrategia que permita garantizar la seguridad en la entidad, y que ésta sea presentada al Congreso a la brevedad posible.
En el Acuerdo Parlamentario, propuesto por el diputado Napoleón Astudillo Martínez (PRD), se exhorta también al procurador que agilice las investigaciones de los crímenes del sacerdote Habacuc Hernández Benítez, y lo seminaristas Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González Cambrón, ocurrido el pasado 13 de junio en el municipio de Arcelia.
El diputado precisó que este crimen como otros que se han cometido en la entidad no debe quedar impunes “de lo contrario se admitiría que el Estado no tiene capacidad para garantizar la seguridad pública y, en consecuencia, serían los propios ciudadanos quienes tendrían que defenderse de la embestida delincuencial”.
En ese sentido, dijo que es necesario que se agilicen las investigaciones para ubicar y detener a los responsables de los crímenes, cuidando que el trabajo que realicen las instancias investigadoras se haga con profesionalismo y sin errores o excesos como ha ocurrido en otros casos.
Exhorto a la CNDH
Por otra parte, a la Comisión de Derechos Humanos se turnó una propuesta del diputado Armando Chavarría Barrrera (PRD) donde se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realice las investigaciones e inspecciones para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano en comunidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y resuelva en consecuencia.
En su propuesta el legislador señala que el pasado 15 de junio la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la entidad dio a conocer testimonios de pobladores de las comunidades de Puerto de las Ollas y las Palancas que fueron víctimas de violaciones a sus derechos por parte de militares, que causaron destrozos en sus domicilios y saqueos a insumos y víveres, así como quejas de que fueron torturados física y psicológicamente para obtener información sobre presuntos grupos subversivos.
Considera que a quien le compete atender dichas violaciones por parte de una institución del orden federal, como el Ejército Mexicano, es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ello solicita su intervención para que investigue y en su caso resuelva lo conducente.
Intervenciones
Al intervenir sobre el “Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía”, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) hizo un llamado al Ejecutivo estatal a que se busquen los mecanismos para la integración del Sistema Estatal de la Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, y garantizar el desarrollo y cumplimiento de las políticas públicas que se establezcan en la estrategia nacional.
Convocó a redoblar esfuerzos para preservar los suelos, apoyando la búsqueda e implementación de medidas innovadoras al realizar diagnósticos e instrumentar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad y eficacia de las políticas de conservación del suelo.
Finalmente, en tribuna, el legislador Efraín Ramos Ramírez (PC) propuso que se suscriba de inmediato un pacto por la honestidad electoral entre las fuerzas políticas del Estado, con vistas a los comicios del 5 de julio, supervisado por una Comisión de alto nivel facultada para adoptar y aplicar medidas preventivas y correctivas que impidan que se ensucie el proceso.
Además que se realice un foro de consulta para analizar la conveniencia de legislar para hacer efectivo en Guerrero el derecho limitado de cualquier ciudadano a ser votado para ocupar cargo de elección popular y de implantar la segunda vuelta electoral para garantizar la plena legitimidad de los representantes populares.
También hacer una Ley para la efectiva y veraz rendición de cuentas de los poderes públicos de la entidad que permita al Congreso cumplir sus funciones de supervisión y control del Estado de resultados del Plan Estatal de Desarrollo, así como una agenda legislativa con propuestas de los partidos políticos, con la objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos del poder y al manejo de los asuntos públicos.