Chilpancingo de los Bravo, Gro.- El Congreso del Estado exhortó a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, autorizar recursos extraordinarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 a las partidas presupuestales vinculadas al campo o en su caso, se mantengan los mismos recursos del año 2009.
Asimismo, pidió a los diputados federales, valorar la posibilidad de que se mantengan las Secretarías de Turismo y Reforma Agraria del gobierno federal, dado que su existencia resulta estratégica para el desarrollo económico de entidades como Guerrero.
El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, presentó un punto de Acuerdo Parlamentario en el que expone que en el Sur del País, se mantiene en condición artesanal cualquier actividad vinculada a labores del campo, trayendo como consecuencia el abandono de los pequeños productores para dedicarse a otra actividad con ingresos sostenibles.
El documento señala que no existe un incremento sustantivo en los fondos públicos que se entregan anualmente a través de los presupuestos de egresos, hecho que constituye un motivo de preocupación.
También expresa que la desaparición de tres Secretarías de Estado para fusionarlas con otras, tiene consecuencias perniciosas para las entidades federativas.
“En un estado con vocación turística como Guerrero, la eliminación de la Secretaría de Turismo puede traducirse en la disminución de fondos para la promoción de los destinos turísticos del Estado, ya que la dependencia tendrá ahora rango de subsecretaría en la Secretaría de Economía”, expone.
En otros asuntos, a propuesta del diputado Efraín Ramos Ramírez, la 59 Legislatura exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, haga suyo, respalde y apruebe el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores por el que se realizan adiciones a la Ley de Caminos, a fin de otorgarle facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o modalidad de la vía.
Según el documento, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en su Sesión Ordinaria del jueves 8 de octubre de 2009, aprobó por 91 votos a favor, el dictamen con proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, que adiciona la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal.
La adición también propone que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, habilite los carriles exentos de peaje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el título de concesión o el que corresponda según la modalidad de la vía. La medida deberá suspenderse una vez que se normalice la fluidez vehicular.
Finalmente, el Acuerdo detalla que en sus intervenciones, varios senadores se refirieron a las pésimas condiciones en que se encuentra actualmente la Autopista México-Acapulco, en el tramo comprendido entre la casetas “Palo Blanco” y “La Venta”, donde hace ya varios años se realizan labores de mantenimiento mayor, cuyos pésimos resultados han obligado a la reconstrucción total de la vía.
En otros asuntos, el pleno legislativo turnó a la Comisión de Gobierno un exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que anule, abrogue o deje sin efecto el Decreto por el que se extingue la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de octubre de 2009. Se solicitaba retirar a la Policía Federal de las instalaciones de la empresa y normalizar la reanudación de sus actividades.
A propuesta de los diputados Efraín Ramos Ramírez, Sebastián de la Rosa Peláez y José Natividad Calixto Díaz, el Acuerdo pide establecer una Mesa de Diálogo y Negociación entre el Gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de encontrar alternativas para dar viabilidad técnica, financiera y social a LyFC.
En el Acuerdo, que no alcanzó la mayoría de votos y por ello se turnó a la Comisión de Gobierno, los legisladores solicitan al Congreso de la Unión, nombrar una Comisión Especial que interponga sus buenos oficios a fin de encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto que se está generando y otra Comisión Especial que investigue desde cuándo y cuánto adeudan al fisco, por concepto de pagos diferidos, la empresas y consorcios que desde 1982 se han acogido al régimen de consolidación fiscal.
De igual manera, pide presentar los resultados de dicha investigación, así como las medidas que se proponen para que dichos adeudos sean reintegrados al patrimonio de la Nación, con los plazos y procedimientos que se estimen más convenientes; todo ello con la finalidad de devolver a las empresas públicas la suficiencia financiera necesaria para invertir en su modernización tecnológica y administrativa, y mejorar su desempeño social.
Intervenciones
En el punto de intervenciones del orden del día, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, habló en tribuna sobre el caso de LyFC quien aseguró que el Partido de la Revolución Democrática defenderá los derechos de los trabajadores que conforman el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Se manifestó preocupado porque el gobierno calderonista no sólo contradice la historia mexicana, sino atentan contra la democracia y condena irremediablemente a miles de familias mexicanas al desempleo, negando además con ello su propia filosofía de ser un presidente del empleo.
El diputado De la Rosa Peláez, advirtió que la desaparición de LyFC tiene un alto costo social, ya que con la decisión tomada se deja en el desempleo a miles de trabajadores en un contexto de terrible crisis económica y agregó que no aceptarán que los trabajadores paguen los costos de una estrategia perversa de las autoridades.
Aseguró que “tras la decisión de extinguir a Luz y Fuerza, subyace una doble intención: aplastar a un gremio de trabajadores que era incómodo al régimen y por otro, promover la segunda ola de privatizaciones en la era panista. El gobierno de Felipe Calderón ha sido doblado por los empresarios, que mediante un fraude lo impusieron en el cargo”.
Participaron sobre el mismo tema los diputados Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, Antonio Galarza Zavaleta y José Natividad Calixto Díaz, quienes se pronunciaron porque se respeten los derechos de los trabajadores de la desaparecida LyFC.
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