Presentan ley para regular salarios de servidores públicos

Chilpancingo de los Bravo, Gro.- Para regular las remuneraciones en efectivo o especie de los servidores públicos que desempeñan una responsabilidad o prestan un servicio en cualquier órgano o dependencia de la administración pública estatal o municipal, la diputada María Antonieta Guzmán Visairo propuso una iniciativa de Ley de Salarios Públicos del Estado y Municipios del Estado de Guerrero.
En sesión plenaria la legisladora aseguró que la libre asignación de sueldos, salarios y remuneraciones de los que desempeñan un cargo o función pública ha sido una razón permanente de desconfianza y rechazo por parte de la ciudadanía debido a la discrecionalidad de los recursos que se les asignan.
Refiere que “existe un sentimiento general de molestia en virtud de que dichos sueldos en muchas ocasiones no se refleja en una eficiente labor de eficacia y productividad en los resultados obtenidos. De igual forma, se considera que los ingresos por concepto de salarios públicos de funcionarios de primer nivel, no corresponden con la realidad económica que se vive en el país”.
La diputada destaca que en la ley que propone establecer topes a los sueldos máximos percibidos mensualmente por los empleados y representantes populares, y dispone que la asignación de las remuneraciones se hará equitativamente y de acuerdo al desempeño del cargo, atendiendo el criterio de proporcionalidad.
Menciona que la proporcionalidad se hará no sólo respecto a las responsabilidades que se desarrollen en el cargo, sino también se pretende que se haga en consonancia con los ingresos del erario.
En ese sentido aseveró que la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales a la hora de conocer los salarios y sueldos de funcionarios, empleados y representantes populares, en virtud de que tradicionalmente ha sido un rubro atendido con mucha reserva e incluso, discrecionalmente.
Por ello, considera necesario promover una disposición legal que “ponga fin a la opacidad y discrecionalidad en la asignación de los recursos presupuestales orientados a sueldos, salarios, prestaciones y percepciones de los servidores públicos. Pero también para acotar la libre determinación de los fondos otorgados para el mismo fin”.
La iniciativa de Ley de Salarios Públicos del Estado y Municipios del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Exhorto al gobierno federal
Los legisladores exhortaron al Ejecutivo Federal para que los trabajadores jubilados de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) gocen del mismo beneficio que los trabajadores activos, como los 90 días de aguinaldo, asimismo aplique una partida presupuestal especial para dar cumplimiento al otorgamiento de pensiones.
En el documento, propuesto por los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se exhorta al Ejecutivo Estatal que instruya al secretario de la SEG que las retenciones de los trabajadores de la educación se entreguen al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro para que las dependencias hagan el pago correspondiente a los trabajadores que se encuentran en trámite de jubilación y pagar el adeudo a los jubilados.

Exhorto al IEEG
A la Comisión de Gobierno fue turnado un Acuerdo Parlamentario, propuesto por el diputado Victoriano Wences Real, donde se exhorta al Instituto Estatal Electoral, para que de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales monitoree las actividades de los servidores públicos del Estado y de los municipios para cerciorarse si los recursos públicos que se aplican se hace de manera imparcial.

Iniciativas
El diputado Jorge Salgado Parra presentó dos iniciativas de reformas a los decretos que crean los municipios de Marquelia y Juchitán, para asentar correctamente las coordenadas geográficas, para que a los órganos electorales se les facilite su ubicación y las comunidades cuenten con identidad y certeza jurídica. Las iniciativas se turnaron a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.