PECATA MINUTA

Por Rogelio Gómez Mejía

SCJN; SI NO ES PAREJA, ES CHIPOTUDA

“A veces es peor el remedio que la enfermedad…
Creemos que en menudo lío se metió su excelencia el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza al solicitar en la Primera Sala, atraer el caso de violación a un pequeño de 5 años presumiblemente por el director adjunto del prestigiado Instituto San Felipe de Oaxaca y otro profesor, quienes en grave acción pederasta, videogrababan el abuso con el inocente, lo cual provocó un mayúsculo escándalo que  prácticamente puso de cabeza al estado, cuando en descarada politización se trenzaron en maniobras influyentistas candidatos a la alcaldía, prestigiados (hasta entonces) abogados regionales, funcionarios judiciales, periódicos locales y hasta allegados al gobernador Ulises Ruíz, lo que da una idea de hasta donde se desataron las pasiones por el inopinado asunto.
Quizá ahora más que regularmente crezca la estatura profesional del Ministro Meza, como entre en tela de duda por otra lado la integridad de esa misma y polémica 1a. Sala del Supremo Tribunal que decidió por mayoría de 3 a 2 negar la atracción del juicio de apelación promovido por la PGR a instancias de la a veces impredecible Isabel Miranda de Wallace en demanda de incrementar la pena impuesta a 5 de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto que conmocionó a la sociedad mexicana.
No cabe duda que en el primer caso referido, la agitación causada por el estridente e infame caso de pederastia, con justa razón desató la indignación de Leticia Valdés, madre del pequeño por la actitud francamente encubridora y proteccionista desde la Ministerio Público, Aída Gómez Piñón, averiguación previa 191/05/07 hasta del Procurador estatal, Evencio Ramírez, que se agudizó cuando se empezó a recurrir a abogados influyentistas tanto de la acusadora como de los acusados, profesores, Hugo Gabriel Constantino García, a la vez esposo de la directora del plantel escolar, Yolanda León Ramírez de Constantino y de su colega, Adán Salvador Pérez Ramírez, quienes para empezar tuvieron tiempo por los retrasos de la averiguación, para ponerse en calidad de prófugos de la justicia.
No tuvo mejor suerte la maestra de 43 años, Magdalena García Soto causal indirecta de la intervención de la SCJN, sentenciada inicialmente por el Juez 3º. Penal a 10 años 8 meses de prisión y 6 años de suspensión del ejercicio magisterial, modificada a 6 años de prisión y anulación de la suspensión por el Magistrado Fernando Méndez Ortega en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con la consabido agitación provocada por supuestas influencias de un lado y otro para torcer la justicia., desde los candidatos de entonces a la Alcaldía de Oaxaca, del PRI, José A. Hernández Fraguas y del PAN, Guillermo Zavaleta Rojas amigo éste de la familia Valdés, como el primero de la maestra Ramírez de Constantino, hasta los abogados Franco Jiménez y Vargas cercanos al gobernador Ulises Ruíz, y otros al presidente del TSJ, Ahuar Mofud, como también sus adversarios a la sección 22 del SNTE, el movimiento de la APPO y hasta el periódico “Noticias”, que presagian todavía choques impredecibles.
Por eso se perfila como una sabia actitud la atracción del caso por la Suprema Corte de éste caso, aunque no así negar su intervención al juicio de apelación por la demanda de la señora Wallace que tanto ha luchado, a pretexto de carecer de recursos en cuánto al incremento de las penas de 28 a 45 años de cárcel fijadas a los asesinos de su hijo por limitaciones Constitucionales o del Código Penal que pueden ser efectivas, pero no ajustadas a la realidad, pues lo que no hace pareja a la justicia, es injusticia, y menos si se echan la bolita entre ellos, la PGR y el Congreso..digo!
BALA PERDIDA
Por ahí debería darse una revisadita al caso nada congruente de los 29 paisanos policías acapulqueños atrapados por un fortalecido comando de la Marina, cuando cumplían un “operativo” en Metlapil a cargo del comandante Alberto Devaux dispuesto por su jefe, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Héctor Paulino Vargas que nada hizo por aclarar esa disposición y que fueron consignados por el Juez 3o- de Distrito y encarcelados por el delito de “portación” de armas prohibidas que son las que llevaban de cargo., Ya! Por un lado los matan los malosos y por otro los encarcelan; pues por eso renuncian, no?

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