Refrenda el gobierno de Guerrero respeto a derechos humanos y a la libertad de expresión ante relatores de la ONU y OEA

* Se reúne Zeferino Torreblanca con Frank La Rue y Catalina Botero en la Ciudad de México
* Propone el Ejecutivo estatal la creación de la figura del Testigo Social en beneficio de las libertades sociales

Ciudad de México, 23 de agosto de 2010.- El gobierno de Guerrero no esconde nada y está abierto a que los defensores de derechos humanos y las instancias federales hagan su labor para aclarar los asesinatos de periodistas en Guerrero, expresó el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo al reunirse con los relatores de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU y para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Frank La Rue y Catalina Botero, respectivamente.
En el encuentro celebrado este domingo 22 de agosto por la noche en la Ciudad de México, el Ejecutivo estatal enfatizó que en Guerrero se respeta la libre manifestación de los movimientos sociales.
Puso como ejemplo el plantón que se mantiene desde hace 11 meses en el exterior del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, que a pesar que sus peticiones escapan de la competencia de la administración estatal y que se les han brindado alternativas a los manifestantes, estos continúan su movimiento, sin que el gobierno opte por utilizar la fuerza pública para moverlos.
Ante los relatores, Zeferino Torreblanca propuso que para reforzar y certificar de manera periódica el estado que guarda la libertad de expresión como derecho constitucional del común de los ciudadanos, además de otras garantías individuales, el gobierno de Guerrero considera auspiciar, junto a organismos internacionales, la creación de la figura del Testigo Social.
Acompañado del secretario general de Gobierno, Israel Soberanis Nogueda; del procurador general de Justicia, David Augusto Sotelo Rosas y del director general de Comunicación Social, Manuel Nava García, el gobernador de Guerrero detalló el panorama general que prevalece en la entidad en materia de libertad de expresión y respeto a las garantías individuales.
En su intervención el procurador de Justicia, David Augusto Sotelo Rosas explicó que de acuerdo a las investigaciones hechas en los casos de los lamentables decesos de periodistas, se determinó que no tienen vínculo alguno con el ejercicio de su profesión o con situaciones de índole político.
El funcionario detalló a la relatora y su grupo de colaboradores la situación en la que se encuentra cada uno de los nueve casos de periodistas asesinados en Guerrero, a los que se ha dado seguimiento bajo criterios científicos, en apego a lineamientos y procedimientos jurídicos que establece el sistema de justicia.
Sobre la propuesta del relator Frank La Rue de la distribución de recursos publicitarios en los medios informativos del estado, el director general de Comunicación Social, Manuel Nava García expuso los mecanismos y criterios para aplicar el presupuesto para la difusión de obras y acciones de gobierno a través de la televisión, radio y medios impresos.
Precisó que los acuerdos comerciales se efectúan en base al impacto que tiene cada medio de comunicación en su público cautivo, de acuerdo a una encuesta aplicada por la empresa Ipsos-Bimbsa de manera aleatoria entre los habitantes de Guerrero.
Nava García recalcó que el gobierno que encabeza Zeferino Torreblanca concibe la libertad de expresión como una garantía constitucional, no sólo del gremio periodístico sino de los ciudadanos en general, por lo que se ha preferido tolerar el exceso y el abuso de ese derecho, a adoptar cualquier acción que lo coarte.
Por su parte la relatora Catalina Botero insistió en que en el caso de los asesinatos de periodistas no se debe descartar la hipótesis de que fueron muertos por la labor que desempeñaban.
Finalmente, el relator Frank La Rue propuso que se conforme una Comisión de la Verdad para aclarar la muerte de periodistas, en la que no tenga ninguna injerencia el gobierno, y que se escuche la versión de viudas y demás familiares de los comunicadores.
A la reunión asistió también el ministro de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín Muñoz.

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