PACATA MINUTA

Por Rogelio Gómez Mejía

PERIODISMO AL CADALSO POLÍTICO

“Cuando veas las barbas del vecino cortar, por las propias a remojar…

Todo indica que entre los grandes y puntillosos acontecimientos que nos esperan para el próximo años 2011, de tantos tan temido, vendrá también amenazadoramente para todo el gremio periodístico una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 6º. Constitucional, fruto indudable, más que de una preocupación republicana del Congreso, de una tan previsora como amordazante disposición para sancionar, incluso penalmente, a todo aquel comunicador que comente, critique y publique naturalmente, cualquier información que cause agravio a la persona que lo reclame, en su honor, imagen, reputación o vida privada y, carambolas!, no está tan mal solo qué…
Habría que determinar en tan intimadora ley reglamentaria; primero, ¿es constitucional que se someta a juicio a un escribidor que de acuerdo a la ley misma, tiene toda la libertad y por tanto el derecho de publicar sobre cualquier tema o persona, y no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,  sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público? Y aún más, que el derecho a la información será garantizado por el estado!, amén de que el 7º. Constitucional advierte que; “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos”, y que la autoridad no puede coartar la libertad de imprenta sólo en los casos antes anotados., entonces!.
De ser tan obvia tal contradicción, es necesario reflexionar; ¿en que estaría pensando los invalorables Senadores; Alejandro Zapata Perogordo, panista; Jesús Murillo Karam, priísta; Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado y Arturo Núñez Jiménez, perredistas?, al ser tan reiterativos en su asonada al legislar una ley reglamentaria que indudablemente merece mejor suerte que la vertida en 4 capítulos y 35 artículos condensados en afanes sancionatorios ya previstos incluso desde tiempos de don Venustiano Carranza.
Parece más bien que el malhadado propósito de estos legisladores, pretende conculcar las reveladoras intenciones de los informadores de dar a conocer hechos subjetivos incluso, ocultos atrás de promesas incumplidas o acciones infundadas, manejados en lenguajes subrepticios o tramposos enjuagues de políticas deshonestas o demagógicas, nunca satisfactorias para la ciudadanía por la falta de credibilidad generada por la difusión convencional de boletines oficiales dignos de mejor causa.
Porque la sola idea de sentar en el banquillo de los acusados a reporteros y opinadores de los medios de comunicación, acusados de supuestos o reales ofendidos que en su gran mayoría serían sin duda funcionarios públicos, generadores mayormente de casi toda la información que impacta al país., más bien parece la aplicación de una ley mordaza, propia de censores fascistas en contra de la democracia que en justicia merecería fortalecer esas garantías para la mal informada población, como sería reformar le ley de transparencia para descartar, aquí sí, obstáculos absurdos de secrecía a cuestiones necesariamente públicas que cínicamente se restringen a nombre de la confidencialidad., Digo!
BALA PERDIDA
A propósito de leyes cuestionables, el sólo anuncio de que el “desaparecidito” Diego Fernández de Ceballos se lanzaría como candidato del PAN a la presidencia de la República para el 2012 como ya se había especulado ampliamente, no tiene la menor importancia si nuestro confundido Congreso decide, para alcanzar una auténtica democracia, reformar esa coja ley electoral, empezando por la elección de concejeros por insaculación de cuando menos 20 propuestos e instaurando el padrón nominal de electores, el voto obligatorio y elección del candidato con 50 por ciento más uno del registro total de los participantes, para empezar, digamos.

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