La comunicación social del gobierno
“El 17 de junio de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo mediante el cual se modificó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. El documento, firmado por el jefe del Ejecutivo Federal, creó la Dirección de Publicidad y Propaganda como parte integrante de la Secretaría de Gobernación. Con la puesta en marcha de esa dependencia, el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas formalizó -a nivel institucional- su primer modelo de información.
“En él buscó centralizar el control de los medios de difusión estatales, además de justificar, explicar y difundir las acciones del poder Ejecutivo Federal, de manera especial durante la crisis política suscitada a raíz de las medidas tomadas para terminar con el maximato instaurado por el ex presidente Calles. La Dirección de Publicidad y Propaganda nace como una institución defensiva, en medio de un ambiente de lucha interna y abierta hostilidad de la clase política del país. En su introducción, el acuerdo resumía la situación nacional y dejaba ver la decisión gubernamental de participar activamente en los procesos de comunicación.
Para cumplir su alta responsabilidad a la novel institución se le asignaron las siguientes funciones: “l. Publicidad y propaganda oficiales, de carácter general, respecto del plan integral de las actividades del gobierno; 11. Dirección y administración de los órganos periodísticos destinados a realizar la publicidad y propaganda a que se refiere el párrafo anterior; 111. Información oficial: a) A la prensa nacional y extranjera; b) A las agencias cable gráficas e informativas; c) A las autoridades civiles y militares; y.d) A los representantes de México en el extranjero. IV. Servicio de propaganda a los periódicos del país y del extranjero; V. Servicio editorial de publicidad y propaganda (libros, folletos, álbumes [sic], etcétera), en los términos del párrafo primero; VI. Edición de películas cinematográficas informativas y de propaganda; VII. Autorización para exhibir comercialmente películas cinematográficas en toda la República y exportar las producidas en el país, conforme al reglamento que se expida; VIII. Dirección y administración de las estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo, con excepción de las que forman parte de la Red Nacional y las que dependan de las Secretarias de Educación y Guerra y Marina; IX. Supervisión y reglamentación de la propaganda y la publicidad hecha por medio de las estaciones radiodifusoras comerciales establecidas en la República; X. Propaganda directa por circulares, cartas y otros medios semejantes; XI. Propaganda indirecta por carteles, periódicos murales, frases postales, engomados, placas cinematográficas y otros medios semejantes; XII. Distribución de toda clase de material de publicidad y propaganda; XIII. Diario Oficial y publicación de toda clase de leyes, reglamentos y disposiciones del Gobierno Federal; XIV. Talleres gráficos de la nación con su actual equipo y todo el que pertenece a las diversas imprentas dependientes del Ejecutivo Federal...”
En resumen, Lázaro Cárdenas propició un sistema de difusión de las acciones del titular del Poder Ejecutivo, a la que se le asignó el carácter vertical y censor que todavía permanece. Nunca se consideró a la comunicación social como instancia para el diálogo o la participación social. De manera simultánea a la aparición de la primera oficina de prensa, el gobierno federal inició la práctica de proporcionar información a los reporteros y periodistas mediante boletines preparados ex profeso centralmente. (Arredondo y Sánchez Ruiz 1986). Una práctica que hasta el día de hoy sigue vigente sin ningún cambio.
Con el paso del tiempo, las oficinas, laboratorios, unidades o dependencias de propaganda del gobierno como se les ha llamado, fueron evolucionando y fue con el gobierno de José López Portillo cuando se comenzó a llamar a esta tarea de cuidar la imagen del mandatario “comunicación social”. Portillo le asignó nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de la propaganda de gobierno, a saber: “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”.
Paradójicamente, es con López Portillo cuando el modelo de comunicación social del país alcanza su mejor momento y se moderniza. Por primera vez se reconoce que “el derecho a la información de los ciudadanos es presupuesto del ejercicio de sus libertades políticas y sociales” y, por tanto, “es fundamental para éstos el conocimiento de los actos que realiza el gobierno de la República”.
López Portillo llamó a su aparato de propaganda: Dirección General de Información y Relaciones Públicas de la Secretaría de Gobernación y le atribuyó las siguientes tareas: l. Informar oportunamente sobre las actividades que realiza el Titular del Poder Ejecutivo y, en general sobre las del sector público, y promover a su más eficaz divulgación; 11. Fortalecer la comunicación del sector público organizando un sistema de información estatal eficiente que no sólo permita evaluar y orientar su capacidad de comunicación, sino captar las necesidades ciudadanas, recibir sus proposiciones, estimulando para ello la acción participativa de las entidades que componen la Administración Pública Federal, así como de los distintos sectores del país; 111. Coordinar con las dependencias del sector público la información, divulgación, publicidad y relaciones públicas de las mismas; IV. Planear, preparar y ejecutar campañas de publicidad en los medios de comunicación, a fin de posibilitar o apoyar las acciones del Gobierno Federal y las entidades del sector público.
Más adelante, Miguel de la Madrid le cambiaría el nombre y le llamaría: Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Y dejaría de ser parte de la Secretaría de Gobernación para pasar a depender directamente del Ejecutivo federal, como ocurre hasta fecha.
Como puede verse, desde Lázaro Cárdenas hasta hoy, la función de la comunicación social que realiza el gobierno no ha cambiado en lo fundamental que es: 1.- cuidar y fortalecer la imagen del titular del Poder Ejecutivo. 2.- Censurar, debilitar, desprestigiar y coaccionar a los críticos de la imagen y las acciones del titular del Poder Ejecutivo. Y, 3.- remitir boletines donde se sobredimensiona la figura del jefe supremo del Poder Ejecutivo.
La comunicación social de los gobierno en México se desempeñan históricamente en la lógica del control, y la sumisión. Su único objetivo es la protección de la imagen de sus superiores, no cumplir con la exigencia de información, transparencia y rendición de cuentas que demanda la ciudadanía.
Es lastimoso que este sistema engendrado por los gobiernos del PRI, se reproduzca también en los gobiernos que se autodenominan de izquierda donde la comunicación social que practican se basa en la misma figura unilateral de la propaganda de las acciones del gobernante y, en muchos casos, resulta un tanto peor porque, además, practican la censura con más entusiasmo. Es una pena que los gobiernos emanados de la izquierda no se hayan preocupado por engendrar un nuevo modelo de comunicación social que no esté basado en la protección de la figura del jefe, sino en las necesidades de información de la ciudadanía. Por ejemplo, la información que emana del gobierno no cumpla con la idea de comunicación porque para que exista comunicación se necesita la participación activa de dos personas. No existe comunicación si sólo una parte habla. Esto es lo que ha ocurrido siempre desde el gobierno, quien es el dispone de todos los medios de comunicación para imponer una realidad, casi siempre falseada.
Lo que los nuevos tiempos requieren y la sociedad demanda es que los procesos de comunicación del gobierno cumplan con lo menos con los siguientes puntos: A).-Transparencia. B).-Utilidad pública C).- Accesibilidad pública total. D).-Pluralidad. E).- Oportunidad F).- Rendición de cuentas sobre los presupuestos destinados a la comunicación del gobierno. G).- interacción gobierno-sociedad, no gobierno y medios. Sobre todo, porque estos últimos han corrompido la antigua garantía de ser mediadores entre la sociedad y el gobierno. Muchos se autodenominan, groseramente, voceros de la sociedad y otros más, abandonan a la sociedad para ser parte del mecanismo propagandístico y de control del gobierno en turno, a cambio de un pago mensual, como ocurre en Guerrero con prácticamente toda la prensa escrita y electrónica.
Con el cambio de gobierno en Guerrero que ocurrirá el próximo primero de abril, no se espera que ocurran cosas notables en la forma de comunicar del gobierno de Ángel Aguirre. Primero, porque quienes están al frente son individuos formados en las catacumbas del viejo sistema donde se tiene como principal misión glorificar la figura del jefe y protegerla de la crítica. Este protegerla de la crítica, incluye hacer lo necesario para quitar del camino a los que consideran actores molestos para el jefe. Con este fin, se recurre desde amenazas veladas, campañas anónimas de infamias para causar desprestigio, hasta de plano, los pedidos de censura y el impedimento del acceso a los eventos de gobierno a tal o cual periodista. Sobre esto último, ya hay una queja, pues un alto encargado de la comunicación social de Aguirre fue a pedir al Congreso del estado que se limitara el acceso a determinadas gentes en la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario.
El sociólogo alemán Carl Deutsch afirmó que la comunicación social son los nervios del gobierno. De ser cierta esta afirmación, podemos inferir, por el manejo de prensa de Aguirre, que es un gobierno muy nervioso que tiende fácilmente al cambio de humor. Pero además, es un gobierno que se perfila por la vía tradicional del manejo de la información pública, es decir, su actuación se va a ceñir a la vieja usanza de control y propaganda, a la vieja escuela priísta donde en lugar de comunicar se oculta o se manipula tendenciosamente. No a la comunicación útil para los ciudadanos.
Esto se puede deducir, primero, porque el gobierno de Guerrero no ha superado el antiguo esquema de sujetar estructuralmente la comunicación social a la Secretaría de Gobierno como en los viejos tiempos del PRI, en los que la comunicación de gobierno tenía como fin la manipulación de las masas y el control económico de los medios. A nivel nacional, desde Miguel de la Madrid, a la fecha, la comunicación social dejó de estar controlada por la Segog, y se constituyó como una unidad técnica dependiente de la Presidencia, con carácter, digamos, más autónomo y con fines más sociales como ocurre en la actualidad.
En segundo lugar, porque durante las últimas semanas, aparte de mandar boletines de las reuniones del gobernador electo con figones de la política nacional, se ha soslayado lo referente a los procesos de entrega recepción, donde por filtraciones y trascendidos se sabe que se contrató a una empresa para tal fin, y hasta la fecha nadie sabe cómo se llama, cuánto costará y quienes están al frente. Pero desde el nuevo gobierno suponen que esto no debe ser del conocimiento de los ciudadanos.
Si la idea es no repetir los errores del pasado, el nuevo gobierno debería modificar estructuralmente su modelo de información pública, partiendo de una premisa importante: la pluralidad de los soportes de la información en una sociedad postmoderna. Estos soportes van más allá de la simple prensa impresa y de los desacreditados locutores de noticias. El público que en la actualidad cuenta con un teléfono celular donde puede recibir información personalizada, es mayor que el público que lee o escucha la radio, a estos se suman las redes sociales y e-mail, pero además, debe tomarse en cuenta que la mayoría de la población es joven y la solemnidad de la comunicación institucional no les interesa.
Cada vez es menor el universo que se sorprende por una reunión del Ejecutivo con un empresario que le muestra sus proyectos personales de enriquecimiento embarrados de beneficio social. La gente lo que requiere es información de utilidad; necesita que le digan cómo acceder a un programa social. Dónde está, con quién tiene qué hablar. Necesita que le digan cómo lograr un apoyo del gobierno, cómo defenderse ante los abusos de los funcionarios públicos, a quién acudir. Necesita que le informen en qué, cómo y dónde se gasta el presupuesto público; la gente quiere saber cuánto se gasta diario el mandatario, cuánto ganan los funcionarios, cuánto se les paga a los medios de comunicación. Todo esto, claro, sin dejar de informar la agenda del Ejecutivo pero limitando el culto a la personalidad.
Un gobierno moderno y diferente se perfila desde la forma en que está informando de sus acciones a los ciudadanos. El lenguaje es el principal agente de cambio social. Si el lenguaje no cambia, nada cambia. Un gobierno moderno, se nota por la voluntad de sustituir y cambiar las viejas estructuras paleolíticas por nuevos sistemas más abiertos y ciudadanizados. En lugar de tener una dirección de comunicación social, lo pertinente sería crear un instituto para la comunicación ciudadana.
Guerrero tiene una gran urgencia de cambio y de educación. La campaña alfabetizadora del gobernador debería alcanzar también a los medios de comunicación locales, a sus directivos. Primero para enseñarles que los medios son empresas que no necesariamente deben de vivir del presupuesto del gobierno y segundo, para enseñarles que tiene que hacerse responsables de sus trabajadores. Que tienen que pagarles sueldos profesionales, prestaciones y capacitarlos. No es posible que Guerrero sea el único estado de la república que tenga institucionalizado el chayote a través de un corrupto fondo de apoyo a periodistas. Esta es una verdadera aberración y un insulto a la independencia del oficio periodístico. Es reprobable que los recursos públicos destinados a la pobreza o a cubrir otras necesidades de poblaciones más necesitadas, se usen para dar préstamos a supuestos “profesionales” de la comunicación que por lo mismo tienen acceso a mejores oportunidades de vida y desarrollo. En lugar de este fondo corrupto, el dinero debe usarse para pagar diplomados de capacitación y actualización del ejercicio periodístico y formar verdaderos profesionales de los medios que, como repite siempre una comunicadora, “de una u otra manera”, tanta falta hacen.
En resumen, no sólo basta pregonar de que habrá un nuevo gobierno, hace falta que se practique una nueva forma de gobierno. Una nueva forma de comunicarse con los ciudadanos. El camino que tiene que recorrer el nuevo gobierno es largo, los vicios y las inercias que arrastra le pesan y el tiempo es corto.
*Parte coyuntural de este artículo se construyo con base a la información del libro: Las oficinas de comunicación social en México, de Francisco Hernández Lomelí.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario