Entre la verdad y la ficción

Por Jorge Luis Falcón Arévalo/ Grado Cero Press

Unos rebuznan; y, otros, roban


El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, y aspirante a la silla desvencijada de la comuna de Acapulco, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, soltó de su ronco pecho y reiteró que sería bueno hacer un llamado a los ganaderos para que “terminen de amarrar a sus burros y no se vayan al recinto legislativo local”.
Los señalamientos se suscitan por la pronta y expedita aprobación de la ley de las Asociaciones Público Privadas. Días antes llamó al conglomerado de legisladores: ¡burros!. Tal vez por sinónimo de analfabeto; pero, quien sabe si, porque algunos logran el consabido rebuzno, al recibir el emolumento solicitado para licenciar, los llamados PPS.
Por otro lado, el guía de la izquierda en Guerrero, Pablo Sandoval Cruz, se unió a esos señalamiento al destacar que “como si no hubiera habido un cerebro que realmente analizara lo que significa privatizar los servicios públicos”. Es decir descerebrados; ausentes de cacumen, de entendimiento, de inteligencia. Pero eso sí, ávidos y lujuriosos, por el alegórico sonido de los dineros. Sólo confirma esa actitud de mercaderes, la alegría y el baile que se sorrajan en pleno recinto, dos representantes populares, dando rienda suelta a su espíritu bullanguero o dejan escapar sus otros yo, que los traiciona frecuentemente donde la espalda reconoce su anatómico nombre.
Lo claro de esto es que el endeudamiento total y generacional de Guerrero es una realidad en otorgar empresas y negocios a los cuates; pero más a políticos-empresarios que cuentan con negocios de servicios que ya trabajan en diversas comunas. Por lo tanto; no puede la administración actual endeudar al estado cuando sólo van a estar cuatro años y medio en el poder y las deudas se quedarán por 25 años. El Congreso Local en Guerrero, se ha convertido en un tianguis de comisionista y traficantes de acuerdos y aprobaciones.
Los PPS se trata de la ley más agresiva sobre privatización de la que tengamos memoria. Escatima la responsabilidad del Estado mexicano como rector del desarrollo, ya que pasará a ser un mero gestor y administrador de contratos para el sector privado. Actividades gerenciales, donde el dinero de la sociedad será usado para apuntalar negocios de empresarios políticos y políticos-empresarios que hacen uso de información privilegiada para sus cotos de poder.
Si ya de por sí la corrupción avasalla las licitaciones públicas, ¡imaginen lo que sucederá si se deja el otorgamiento de contratos de forma discrecional! Las futuras administraciones, tendrán que priorizar las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores.

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