Boletin de Prensa



México, D.F. a 20 de junio del 2011

C. Presidente de la República
C. Secretario de Gobernación
C. Procurador General de la República
C. Presidente de la Comisión nacional de Derechos Humanos
C. Gobernador del Estado de Veracruz

Los asesinatos del compañero periodista Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Solano y su hijo Misael López Solano, de 21 años, ocurridos hoy por la mañana en la ciudad y puerto de Veracruz, son el resultado de la impunidad que han permitido los tres niveles de gobierno de la República a las bandas delictivas que de forma sistemática han atacado a los comunicadores y a las libertades de expresión y de prensa.

Sin impunidad, los homicidas no estarían en las calles derramando más sangre; sin impunidad, los patrocinadores de la violencia hubiesen sido encarcelados hace mucho tiempo y estarían purgando largas condenas por sus acciones delictivas, y la sociedad mexicana contaría con periodistas que no se verían obligados a la autocensura, a buscar exilio para protegerse, ni habría tantos muertos silenciados para que cada vez sean menos los que informen sobre el crimen organizado.
El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa condena una vez más la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, que hoy suman 70 los comunicadores muertos del 2000 a la fecha, trece desaparecidos y decenas de ataques a instalaciones de medios y agresiones físicas a los trabajadores de la prensa en México.
Esta enérgica condena va acompañada nuevamente de un reclamo a los tres niveles de Gobierno, para que acaten la Recomendación 17 de la CNDH que propone reformas legislativas para tratar de propiciar mejores condiciones de seguridad para los periodistas en México y hacer más efectiva la acción penal en contra de los agresores y homicidas.
La opinión del gobernador Javier Duarte en el sentido de que este triple homicidio se inscribe en la violencia generalizada en contra de la sociedad mexicana, es desafortunada porque los comunicadores no somos parte de la guerra declarada por el Gobierno Federal en contra de las bandas criminales, y cuando ocurren las agresiones y homicidios, no existe certeza de que las autoridades garanticen la aplicación de la ley y justicia para los deudos de las víctimas.
Han transcurrido poco menos de cinco años de guerra entre el Gobierno Federal y el crimen organizado, con un elevado saldo de periodistas muertos y no existe, hasta ahora, una sola acción encaminada a proteger el quehacer de los comunicadores, ni siquiera una reforma legislativa para elevar las penas a los agresores.
Por ello, emplazamos al Ejecutivo Federal, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a los gobernadores para que a la brevedad posible, se proceda a concretar las reformas que recomendó la CNDH.

Atentamente
Por el Comité Nacional
Isaac Olmedo Lavariega

Filadelfo Figueroa Mendoza, Daniel Navarro Hernández, Alfredo Arenas Casas, Oliverio ortega Gómez y Juan Manuel Concha Sierra.

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