Propone Diputado Faustino Soto Ramos comisión de la verdad

Chilpancingo, Gro., 29 de Junio de 2011.- A la Comisión de Gobierno se turnó la iniciativa de decreto que crea la Comisión de la Verdad, que investigará las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años 60 y 70, así como lo ocurrido en Aguas Blancas y el Charco, propuesta por el diputado Faustino Soto Ramos.
En la iniciativa el legislador expone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el marco del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, examinó 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas en la entidad, ocurridas en el periodo mencionado, por ello emitió la Recomendación 026/20011-08, que indica que se cuentan con elementos para concluir que en al menos 275 casos de personas se les conculcaron diversos derechos.
Recordó que de acuerdo al Informe presentado por la Fiscalía Especializada sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP 2006) se documenta cómo el Estado fue escenario de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en contra de sus habitantes, llevadas a cabo por autoridades federales y estatales, concluyendo que en dicho periodo se acreditan las condiciones de un Conflicto Armado Interno en que aplica el Derecho Humanitario Internacional.
Asimismo, dijo que en el 2009, la Corte Interamericana de Justicia dictó sentencia en el caso Radilla Pacheco contra México, señalando que “la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima, realizada por agentes militares. En tal sentido, el Estado tiene el deber de garantizar los derechos a través de la prevención e investigación diligente de la desaparición forzada.”
El legislador destacó que han transcurrido más de 50 años de la represión ejercida por el gobierno del Estado en contra de los movimientos armados, 13 de los homicidios ocurridos en la comunidad de El Charco y  16 de la masacre de Aguas Blancas y que hasta la fecha las autoridades siguen sin emitir un juicio apegado a la verdad.
Por ello, aseguró que el pueblo de Guerrero no puede esperar más tiempo para la aplicación del derecho como instrumento para acceder a la justicia y la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias, que deje atrás una página desgarradora en la vida reciente de la entidad.
Además que la familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta y prolongada, ignorando si la víctima vive aún, incluso con el paso de los años.
El diputado Faustino Soto Ramos, precisó que los resultados que consigne la Comisión de la Verdad, harán posible la reparación del daño a las víctimas y a sus familias; “la verdad que se busca, tendrá como efectos resarcir al Estado en la deuda de justicia que tiene con México y los guerrerenses”.
La Comisión tiene por objeto investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir a las labores de las autoridades competentes en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, originados con motivo de los actos de abuso de autoridad del Estado Mexicano durante la guerra sucia, los ocurridos en Aguas Blancas, y El Charco, cometidos contra ciudadanos guerrerenses o radicados en la entidad,
Además, realizará un registro de personas afectadas durante el periodo de la guerra sucia, de los casos de Aguas Blancas y El Charco, para resarcir los daños a las víctimas y sus familiares y el informe que presente se “hará público para que el país y el mundo conozcan la verdad de los graves y lamentables sucesos que llenan de vergüenza y agravian a Guerrero, por ser actos ofensivos a la dignidad humana, y permitan su reconciliación y pacificación”.
En la iniciativa se establece  que  la Comisión de Gobierno propondrá al pleno, para su aprobación, a los integrantes de la Comisión de la Verdad, que estará constituida por cinco personas que tengan amplia experiencia en materia de defensa de los derechos humanos, o que destaquen en el ámbito académico, miembros de redes u organismos defensores de derechos humanos no gubernamentales, nacionales o extranjeros.
La Comisión tendrá un plazo de doce meses calendario para cumplir su función. Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar dicho plazo mediante resolución fundada por un máximo de tres meses más.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobierno para su análisis y emisión del dictamen correspondiente