BAJO FUEGO

El origen de la violencia

José Antonio Rivera Rosales*

Tal como la conocemos, la violencia criminal que ha causado tantos daños en la vida y el patrimonio de cientos de familias guerrerenses tiene su origen en la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009.
Hasta ahora es posible identificar tres oleadas de violencia criminal que han sacudido a la sociedad suriana entre 2009 y 2011. Pero quizá habrá que retroceder a 2003 como el año en que se produjo el parteaguas en la historia de la criminalidad, es decir, cuando Acapulco -como otras ciudades de Guerrero- dejó de ser una ciudad de descanso para convertirse en una gigantesca plaza de consumo.
Como muchas personas saben, históricamente los grupos delictivos conocidos como cárteles habían enfocado sus operaciones en procesos de compraventa de cocaína y marihuana, que luego era trasladada e introducida ilegalmente a las principales ciudades de la Unión Americana.
Aunque habían sostenido algunas disputas desde los ochenta y los noventa, los liderazgos de los cárteles se habían mantenido relativamente intocados en los tiempos de los gobiernos priístas, que sólo actuaban en su contra si la situación se hacía insostenible.
Para el caso, citemos un caso paradigmático: en 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid lanzó una cacería sin precedente para capturar al capo Rafael Caro Quintero y sus socios, operación que se originó en dos causas fundamentales que fueron motivo de serias fricciones con Washington: primero, el descubrimiento en 1984 del rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde cuatro mil hectáreas estaban cultivadas con marihuana con tecnología de riego y bajo protección militar. Segundo, el asesinato en 1985 de Enrique Camarena Salazar, efectivo de inteligencia de la agencia antidrogas norteamericana (DEA). Su muerte, ocurrida a manos de los capos de entonces, desencadenó la Operación Intercepción con la que los hipócritas estadunidenses mantuvieron bajo presión al gobierno mexicano.
Ambos incidentes desencadenaron un escándalo de alcance internacional que obligó al gobierno de De la Madrid a desencadenar la citada operación de búsqueda y captura de Caro Quintero y sus hombres. Posteriormente, como secuela que nunca pudieron impedir, la DEA hizo públicos algunos resultados de su propia investigación según la cual altos funcionarios del estado mexicano estuvieron implicados en el asesinato del agente de la DEA.
Como quiera que sea, el caso es que los gobiernos de extracción priísta habían mantenido una actitud ambigua en torno de la criminalidad: mientras sus operaciones estuvieran controladas, habría tolerancia.
Pero la historia vino a cambiar a partir del 2001, cuando la Federación de Cárteles constató que el verdadero negocio de la droga no era el trasiego a los Estados Unidos, sino su venta al menudeo. Como ya se dijo, esto vino a transformar completamente la dinámica de la actividad criminal que comenzó a ver en las ciudades mexicanas más importantes un mercado potencial sin parangón.
En el caso de Acapulco, en 2003 se instalaron las primeras 70 tiendas de droga en la periferia del puerto, en las colonias Renacimiento, Zapata, Las Cruces, El Coloso, La Venta, La Sabana, Libertadores, Simón Bolívar, Puerto Marqués y Barra Vieja, esto es, en toda la zona perimetral del puerto que, según estimaciones conservadoras, está habitada por no menos de unas 400 mil personas.
Es entonces que se hacen necesarios nuevos acuerdos con las corporaciones policiacas, particularmente con mandos de la Policía Ministerial y la Policía Preventiva Municipal (PPM), para permitir que los negocios de expendios de droga pudieran “trabajar” sin sobresaltos. Con el fin de asegurar el negocio, la administración a cargo de la plaza de Acapulco organiza un grupo de protección integrado originalmente por exjudiciales a quienes se les conocía como Los Pelones. Este fue el principio de ese grupo de pistoleros cuya función original era la de ofrecer seguridad a las “tiendas”.
Para entonces, la asociación de cárteles agrupadas en la llamada Federación -que incluía los intereses de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno El Azul, los hermanos Carrillo Fuentes, Ignacio Nacho Coronel y, desde luego, los Beltrán Leyva- mantenía una sociedad ocasional articulada por El Chapo desde que había salido de prisión en enero de 2001. Desde la negociación inicial quedó claro que las plazas de Guerrero, Morelos y Oaxaca pertenecían a los hermanos Beltrán Leyva.
El grupo inicial de Los Pelones, integrado por expolicías guerrerenses, pronto se robusteció con el arribo de una treintena de jóvenes con entrenamiento de corte militar procedentes de Monterrey y otras ciudades del norte, bajo la jefatura de Miguel Angel Araujo Moreno, uno de los hombres de mayor confianza de Arturo Beltrán Leyva.
Sin embargo, para 2004 pronto se hizo necesario ampliar el radio de influencia al interior del casco urbano, razón por la cual el grupo de seguridad, cuya misión era proporcionar condiciones de operatividad al negocio de venta al menudeo, comenzó a hostigar a los vendedores independientes de cocaína y otras substancias psicotrópicas, que desde luego no estaban dispuestos a ceder sin resistir. Entonces comenzaron los homicidios.
A lo largo de todo el 2004 es posible que unos 40 o más vendedores independientes fueran ejecutados tan sólo en el puerto de Acapulco por los pistoleros del cártel, lo que obligó a que el gobierno de Vicente Fox enviara a Guerrero el primer operativo federal que fue denominado México Seguro, con muy pobres resultados por cierto. Entre 2004 y 2005 fueron ejecutadas decenas de personas porque se resistían a ceder sus espacios de venta, o porque laboraban bajo cubierto para algún otro grupo delictivo, como el cártel de Tijuana, que contaba con un enclave en este puerto turístico.
Pero ya desde septiembre de 2004 todo cambió con la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, quien junto con su esposa fue abatido en las calles de Mazatlán, atentado que se imputó desde el principio a El Chapo Guzmán. Esto provocó la disgregación de la Federación y la toma de partido por parte de cada uno de los componentes de esa organización delictiva, que se polarizaron en bandos distintos.
Sin embargo, pese a la ruptura, el clan de los Beltrán Leyva mantuvo su alianza con sus viejos amigos los Carrillo Fuentes y, al mismo tiempo, se dispuso a defender su plaza de Acapulco frente a las acometidas del cártel del Golfo, que reclamaba la cabeza de Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien después de traicionar en los negocios a Osiel Cárdenas, se refugió en el estado de Guerrero bajo la protección del clan de Arturo Beltrán.
Así las cosas, en realidad la guerra de los cárteles fue originada en principio, desde septiembre de 2004, por El Chapo Guzmán, quien nunca estuvo satisfecho con los márgenes de ganancia que le redituaba la alianza, cuya administración recaía precisamente en El Niño de Oro, negociador nato de la alianza, quien nunca cedió a la demanda de aquel de mejorar sus utilidades. Fue, pues, una ruptura por negocios.
El conflicto entre Ossiel Cárdenas y Edgar Valdés fue otro flanco que se abrió en el conflicto, para lo cual fueron enviados a Guerrero los primeros Zetas cuya misión era exterminar a La Barbie. Pero esos Zetas fueron detectados por agentes federales de la PGR y entregados vivos a su enemigo, quien los ejecutó en una residencia de la colonia Costa Azul, en un episodio videograbado que después sería conocido públicamente.
En enero de 2008, el grupo de los Beltrán Leyva recibe un golpe demoledor, también atribuído a su exsocio Joaquín Guzmán: es detenido por fuerzas federales Alfredo Beltrán El Mochomo, su brazo operativo. Aquí vale hacer una acotación: los Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera son primos lejanos y, además, existía una relación adicional: Arturo Beltrán fue el maestro de El Chapo cuando éste era un simple escolta. Por eso la detención de Alfredo fue vista como una doble traición, que marcó el principio de una enemistad a muerte entre ambos líderes.
De hecho, de ahí derivó la ejecución del jefe del clan de los Beltrán Leyva en diciembre de 2009.
Y es que, enardecido por la aprehensión de su hermano Alfredo, el jefe de la organización de los Beltrán lanzó una amenaza: “Llegarás a diciembre, pero a la Semana Santa no llegas”.
Sabedor de que Arturo Beltrán cumpliría su amenaza a como diera lugar, Guzmán Loera movió sus hilos para delatar su ubicación ante las fuerzas federales, que ya seguían los pasos del capo por una ruta que iba de Cuernavaca a Puebla y viceversa. Fue así como en diciembre de 2009 el refugio del capo en la ciudad morelense fue tomado por asalto por comandos de elite de la Armada de México con las consecuencias conocidas.
El acoso contra la estructura operativa del capo, sin embargo, había iniciado desde el segundo semestre de 2008, meses después de la captura de Alfredo Beltrán.
En noviembre de 2008, un encuentro armado en la ciudad de Teloloapan entre efectivos del Ejército Mexicano y desconocidos, que presumiblemente eran parte del grupo delictivo de los Beltrán, produjo algunas bajas entre los civiles.
Como respuesta, entre los días 9, 20 y 21 de diciembre fueron secuestrados y asesinados 8 militares y algunos mandos policiacos civiles adscritos a la Procuraduría General de Justicia, la PGJE de Zeferino Torreblanca, acción que se imputó a los Beltrán Leyva.
El alto mando del Ejército Mexicano intervino personalmente en este escenario que calificó como una “grave ofensa” y prometió aplicar toda la dureza necesaria para aplicar la ley a los infractores. Entonces comenzó formalmente la cacería contra la estructura de los Beltrán, principalmente en Acapulco, Costa Grande y la región de la sierra.
Esta primera oleada de violencia, que produjo decenas de muertos entre enero y junio del 2009, tuvo su momento más crucial en la balacera de Caleta el domingo 7 de junio de ese año, en que el enfrentamiento entre sicarios y fuerzas del estado duró varias horas, operativo que mantuvo en vilo al puerto de Acapulco durante gran parte de la noche. En el encuentro armado, en el que murieron sicarios pero también civiles inocentes, participaron efectivos de la Policía Federal, del Ejército, Armada, Policía del Estado y policía municipal.
La cacería por parte de las fuerzas federales se intensificó en el segundo semestre del año y culminó, como ya es del conocimiento público, con el asesinato de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009.
Una pregunta: ¿Por qué el gobierno de Calderón no ha hecho lo mismo con El Chapo Guzmán? ¿Cuál es el pacto criminal que subsiste con el panismo? ¿Acaso porque Arturo Beltrán se había manifestado por apoyar al priismo?
Esta ejecución, como era previsible, marcó el inicio de una nueva etapa de terror que cimbró como nunca al estado de Guerrero.
Tras la muerte del capo, el texano Edgar Valdés se hizo del control de la estructura delincuencial con asiento en Guerrero para apropiarse de la plaza. En círculos mafiosos, a Edgar Valdés también se le atribuye haber abandonado a su suerte a su jefe aquel día de la refriega en Cuernavaca.
Entre marzo, abril y mayo de 2010 se produce la segunda oleada de violencia que sacude al puerto de Acapulco, cuando las fuerzas de Héctor Beltrán arremeten contra el personal de La Barbie, con saldo inicial de 48 muertos tan sólo en una semana del mes de marzo. En abril siguen las ejecuciones en el puerto, aunque algunas acciones buscaron ser ocultadas por el grupo de La Barbie para evitar que “se calentara más la plaza”, de acuerdo con el caló utilizado por los grupos delincuenciales.
De ese período destacan dos incidentes: la balacera del 14 de abril, cuando se tirotean sicarios contra policías federales en la Costera con saldo de varios muertos, entre ellos una mujer con sus hijos que se transportaban en una camioneta y que quedaron bajo fuego cruzado.
El otro incidente, más oscuro, que nunca llegó a las planas de los periódicos, ocurrió probablemente el 20 de abril de 2010: esa madrugada, fueron esparcidos a lo largo de varias cuadras del centro de la ciudad, entre el edificio Espinalillo y el zócalo porteño, un total de 21 cuerpos de jóvenes ejecutados, entre ellos por lo menos una mujer. Los cuerpos fueron recogidos a toda prisa por personal del grupo local que se apresuró a ocultar algunos de ellos en la zona de San Isidro. Otros cuerpos fueron arrojados a perros hambrientos que dieron cuenta de los cadáveres hasta que quedaron sólo carcasas, las cuales fueron sepultadas con mayor facilidad.
Posteriormente deviene el trágico episodio de los turistas michoacanos confundidos con personal de La Familia, los cuales fueron masacrados en septiembre por la estructura al mando de Carlos Montemayor El Charro, suegro de Valdés Villarreal, quien había sido capturado un mes antes. Esta masacre fue uno de los puntos de inflexión para la ruptura entre los líderes del grupo remanente que existía en Guerrero: el de los afines a Edgar Valdés, y el de los que se mantuvieron leales al liderazgo de Héctor Beltrán, quienes constituyeron lo que hoy se conoce como Cida.
Fue el principio de La Barredora, grupo radical encabezado por Cristian Hernández Tarín a partir de los rescoldos del grupo de Valdés Villarreal, banda criminal que, como sabemos, a partir del 7 de enero de este año inició una acometida sangrienta contra sus enemigos del Cida pero, también, en contra de la ciudadanía -por vía de los secuestros, homicidios y extorsiones-, generando la tercera oleada de violencia que aún hoy padecemos a pesar de varias capturas significativas y de la presencia del Operativo Guerrero Seguro.