Tumbando caña

Juan Antelmo García Castro

REITERA EL GOBERNADOR AGUIRRE SU DISPOSICIÓN EN EL CASO AYOTZINAPA
En respuesta a las voces aisladas que piden juicio político en su contra, el gobernador Ángel Aguirre Rivero decidió visitar voluntariamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para reiterar su disposición de que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables, actitud que además de marcar un precedente en la historia política del país significa que nadie puede estar sujeto a cometer actos en la impunidad, tal como lo expresó el propio mandatario estatal…
La referida solicitud de juicio político implica realizar trámites engorrosos ante las comisiones legislativas concernientes, las que dictaminarán si procede o no tal petición, sustentándose para ello en los Artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en algunos de sus párrafos se destaca lo siguiente: “El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho…“Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
“Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
“Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”…Obviamente que todo lo anterior no es el caso del gobernador de Guerrero por lo que, insisto, resulta ocioso que grupos ultra radicales exijan un juicio improcedente en su contra; convencido también que más temprano que tarde se conocerá la identidad de los policías que dispararon y asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa, para que se les aplique la ley. (antelmo55@yahoo.com.mx)