Jonathan Cuevas/API
Chilpancingo, Gro., a 01 de Mayo del 2012.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan manifestó su preocupación luego de percibir que persiste la utilización de mano de obra infantil en Guerrero, para desempeñarse como jornaleros agrícolas en los campos agrícolas de México.
A través de un comunicado de prensa, Tlachinollan informó que tres mil 298 menores de la Montaña de Guerrero viajaron al norte del país para desempeñarse como jornaleros agrícolas en el reciente periodo migratorio.
Según el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan, de septiembre de 2011 a enero de 2012, se documentó la salida de más de siete mil jornaleros y jornaleras agrícolas, de los cuales tres mil 298 eran menores de quince años, de ellos 497 se encontraban entre el rango de edad de cero a un año.
Señala el comunicado, que cada año los infantes acompañan a sus padres en la búsqueda de una oportunidad laboral que no encuentran en sus comunidades de origen, por lo que muchos de ellos se desempeñan también como jornaleras y jornaleros agrícolas en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, y en Ciudad Altamirano y Atoyac en el estado de Guerrero.
“En nuestro país la explotación infantil sigue siendo una realidad derivada de la contratación ilegal de menores de catorce años que trabajan como jornaleras y jornaleros agrícolas, realizando labores que los someten a condiciones inhumanas, degradantes y riesgosas que les generan jornadas de trabajo mayores de seis horas o situaciones en donde incluso han perdido la vida”, señala el comunicado.
Ante esta situación, demandaron que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aplique inspecciones de trabajo en cumplimiento pleno de la Ley Federal del Trabajo para instrumentar un sistema de monitoreo a las empresas contratistas de niñas y niños jornaleros, esto con el fin de garantizar la no contratación de menores.
Además de que se les debe proporcionar condiciones y salarios dignos para los padres, quienes muchas veces permiten la contratación de sus hijos ante salarios precarios; así como la vigencia de sus derechos a la educación, salud, vivienda y alimentación en los campos agrícolas.
“Imposible es olvidar que cientos de niños y niñas indígenas Me’phaa, Na’ savi y Nauas de Guerrero son contratados ilegalmente por empresarios agrícolas a pesar de que el artículo 123 de Constitución Política Mexicana, en el apartado A, fracción III, prohíbe la utilización del trabajo de menores de catorce años, exponiéndoles a trabajos en condiciones peligrosas e indignas, negándoles el acceso a derechos básicos”.
Finalmente, el comunicado concluye haciendo un exhorto a las autoridades estatales y federales a atender las causas estructurales que originan la migración masiva de la población indígena y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los indígenas, incluyendo la prohibición de la explotación infantil laboral.
Según el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan, de septiembre de 2011 a enero de 2012, se documentó la salida de más de siete mil jornaleros y jornaleras agrícolas, de los cuales tres mil 298 eran menores de quince años, de ellos 497 se encontraban entre el rango de edad de cero a un año.
Señala el comunicado, que cada año los infantes acompañan a sus padres en la búsqueda de una oportunidad laboral que no encuentran en sus comunidades de origen, por lo que muchos de ellos se desempeñan también como jornaleras y jornaleros agrícolas en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, y en Ciudad Altamirano y Atoyac en el estado de Guerrero.
“En nuestro país la explotación infantil sigue siendo una realidad derivada de la contratación ilegal de menores de catorce años que trabajan como jornaleras y jornaleros agrícolas, realizando labores que los someten a condiciones inhumanas, degradantes y riesgosas que les generan jornadas de trabajo mayores de seis horas o situaciones en donde incluso han perdido la vida”, señala el comunicado.
Ante esta situación, demandaron que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aplique inspecciones de trabajo en cumplimiento pleno de la Ley Federal del Trabajo para instrumentar un sistema de monitoreo a las empresas contratistas de niñas y niños jornaleros, esto con el fin de garantizar la no contratación de menores.
Además de que se les debe proporcionar condiciones y salarios dignos para los padres, quienes muchas veces permiten la contratación de sus hijos ante salarios precarios; así como la vigencia de sus derechos a la educación, salud, vivienda y alimentación en los campos agrícolas.
“Imposible es olvidar que cientos de niños y niñas indígenas Me’phaa, Na’ savi y Nauas de Guerrero son contratados ilegalmente por empresarios agrícolas a pesar de que el artículo 123 de Constitución Política Mexicana, en el apartado A, fracción III, prohíbe la utilización del trabajo de menores de catorce años, exponiéndoles a trabajos en condiciones peligrosas e indignas, negándoles el acceso a derechos básicos”.
Finalmente, el comunicado concluye haciendo un exhorto a las autoridades estatales y federales a atender las causas estructurales que originan la migración masiva de la población indígena y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los indígenas, incluyendo la prohibición de la explotación infantil laboral.
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