Una de las muchísimas ventajas de ser presidente de la
República es que, al poseer información realmente privilegiada, puede hacer
señalamientos certeros con mucho conocimiento de causa y sin el temor a ser
refutado con datos que desconocía.
Por ejemplo, cuando Felipe Calderón anunció que el
Tianguis Turístico dejaba de ser propiedad exclusiva de los acapulqueños y
pasaba a ser un bien de la nación, argumentó, como principal causa de tal
decisión –que luego pasaría a segundo plano–, que la policía del puerto no era
confiable. Una dura crítica, viniendo del presidente de la República.
Los hechos pronto le dieron la razón: en sus primeros tres
meses, el Operativo Guerrero Seguro detuvo a 200 delincuentes que tenían aterrorizado
a todo Acapulco, y las cosas empezaron a mejorar para los ciudadanos pacíficos.
Delincuentes que la policía municipal no se atrevía a tocar ni con el pétalo de
una rosa.
Bueno, quienes se dieron por aludidos en aquella ocasión
–entre ellos, y de manera significativa, el entonces alcalde, Manuel Añorve
Baños– ya respiraban otra vez con tranquilidad cuando viene el presidente y les
deja caer otra bomba:
“Vean cómo podemos reestructurar las finanzas de
Acapulco”, dijo a sus interlocutores este miércoles, cuando vino a poner en
marcha el programa Todos por Acapulco; “están muy mal, deterioradas; hay
enormes agujeros por donde se están yendo los recursos de todos”.
Si lo dice la persona que se supone es la mejor informada
del país, es que mucho de certeza ha de tener la afirmación.
Pero, ¿cómo llegó Acapulco a esta situación? ¿Quién,
cuándo y cómo llevó al gobierno municipal a la quiebra?
Si el gobierno federal hiciera públicas las estadísticas
del comportamiento fiscal y financiero del municipio, en realidad no nos
toparíamos precisamente con sorpresas. Todos los que vivimos aquí sabemos que
cuando, hace 12 años, Zeferino Torreblanca llegó a la presidencia municipal,
las finanzas públicas del puerto eran un desastre debido a la corrupción y la
ineficiencia de quienes hasta entonces lo habían gobernado.
Y todos sabemos que cuando Zeferino Torreblanca dejó el
poder, hace 9 años, las finanzas del gobierno municipal y sus organismos
paramunicipales estaban saneadas, y su calificación crediticia, mejorada notablemente.
Y no es por hacerle caravanas al ex gobernador, pues el
hecho de que sea mejor administrador que los que lo antecedieron no le quita lo
autoritario, lo terco, lo obstinado, lo insensible, lo derechista, lo
equivocado y lo soberbio.
Pero desde el final de su mandato municipal las cosas han
ido de mal en peor. Comenzaron a ponerse mal con Alberto López Rosas, se
agravaron con Félix Salgado Macedonio y empeoraron con Manuel Añorve Baños, el
peor administrador de todos ellos, porque si los anteriores mal administraron
por no tener idea clara de lo que es administrar –en el caso de Félix Salgado,
por estar de plano peleado con toda idea de orden y disciplina–, el último
arruinó el municipio con pleno conocimiento de causa, pues bien sabía lo que
estaba haciendo cuando lo endeudó por encima de su capacidad de pago, pues su
filosofía en la vida es gastar cuanto se pueda para ser cuan popular se pueda,
y si eso implica ahogarse en deudas, ni modo. Lo importante es ser popular para
ganar la siguiente elección, y que las deudas las paguen los que se queden.
Añorve Baños es un depredador de la administración
pública, que arrasa por donde pasa y que prostituye todo lo que toca. Según
cálculos conservadores, en su más reciente gestión como alcalde endeudó el
municipio de Acapulco con unos mil millones de pesos, cifra que hipotecará el
futuro del puerto a lo largo de al menos tres generaciones.
Y, por si aún hay alguien que lo dude, muestro aquí el
error garrafal que, al creer en él, cometieron tres instituciones no bancarias
que se dedican legalmente a prestar dinero a particulares.
Con el aval del gobierno municipal encabezado por Añorve y
administrado financieramente por el hombre de todas sus confianzas para estos
menesteres, José Luis Ávila, las tres instituciones crediticias prestaron
dinero a empleados del ayuntamiento, basadas en un convenio según el cual la
comuna haría descuentos quincenales a sus salarios y los enteraría a las casas
prestamistas.
Pues bien, el ayuntamiento ha estado descontando
puntualmente a sus empleados, pero no entrega el dinero a las financieras.
¿Alguien piensa que los que gobiernan este municipio cometen ese fraude por
omisión? ¿No será, más bien, que lo hacen con premeditación, alevosía y
ventaja, para hacerse de recursos ajenos?
Por supuesto que el problema se le quedará a los
trabajadores, porque finalmente son ellos quienes tendrán que responder a las
instituciones prestamistas. Y deberán pagar a pesar de que ya lo hayan pagado.
Ésta es una prueba más de las muchas que explican el afán
de Manuel Añorve por ser gobernador y luego diputado federal: porque él –y, por
supuesto, José Luis Ávila– necesitan el fuero legislativo para eludir a quienes
eventualmente pretendan hacerles pagar por sus fechorías.
Lic. Alberto Mojica Mojica
albertomojicamojica@hotmail.com
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