Por Alfredo Sarabía
Caso Chavarría: impunidad a tres años de su asesinato.
A tres años del cobarde y alevoso asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, la impunidad sigue siendo el distintivo brillante que rodea y envuelve este caso criminal. El pasado lunes 20, se cumplieron ya, tres años de aquel día funesto en que el también presidente del Congreso Local cayera abatido por las balas disparadas por los pistoleros emboscados frente a su domicilio. Era gobernador, el hoy defenestrado y descalificado, Zeferino Torreblanca Galindo, y era vox populi, la riña entre ambos personajes.
Hay que decir que el ambiente que azotaba en ese tiempo, era la proximidad del nombramiento del candidato a gobernador del estado de Guerrero y curiosa y legítimamente, el nombre del diputado Chavarría Barrera, estaba sonando más fuerte e intenso para ser el protagonista perredista en la ansiada candidatura gubernamental.
Sin embargo, la dramática e inesperada muerte del amigo Chavarría Barrera, cambió totalmente el escenario político y social existente, tan es así, que hoy nos gobierna un ex – priísta, que en su momento fue una especie de bálsamo para la mayoría de los integrantes del comité estatal del PRD vigente en el intervalo de tiempo en mención.
Los últimos meses del gobierno de Zeferino y los que lleva el actual jefe del ejecutivo estatal Ángel Aguirre Rivero, que sumaron 36, no han sido suficientes para dilucidar el caso criminal que hoy ocupa nuestra atención y la de la ciudadanía guerrerense. No ha habido la voluntad y disponibilidad requerida para enfrentar real y verdaderamente esta infamia criminal que continúa agraviándonos y ofendiéndonos a los de a pie, principalmente.
En este perverso juego criminal, hay dos figuras determinantes en la responsabilidad para permitir la presencia y aún el aumento del polvo y de las telarañas que envuelven el citado caso: El gobierno del estado y la Procuraduría General de Justicia del estado. No hay más, y si lo hubiera, serían pura faramalla, como la que se tiene hasta ahora, que impiden ver la luz de este túnel oscuro e interminable falazmente. En este sentido, se observan dos gobernadores y cuatro procuradores (incluyendo el encargado) y estos últimos están supeditados al gobernador, pero también es muy importante y de gran significancia, y hay que decirlo, hay que subrayarlo, que el titular de la procuración de la justicia guerrerense, este empapado por la voluntad y disponibilidad, como elementos impulsores del quehacer laboral que ostentan, situación que solo hemos visto en uno de ellos: Alberto López Rosas.
Desafortunadamente, al ex – presidente de Acapulco, ”le tocó bailar con la más fea” en la danza maquiavélica del pasado 12 de diciembre del movimiento de inconformidad de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y hoy, como sabemos, esta fuera del organismo en cuestión. También hay que decirlo, que el PRD colorea la figura del citado ex - funcionario gubernamental, situación que no se podría señalar en los tres restantes.
Pero, independientemente de todo lo que se pueda decir y mencionar del caso del crimen del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, nos queda lo suficientemente claro (esta claridad es lo único que brilla y emana de ese opaco y enrarecido ambiente), que no hay nada relevante que pudiera iluminar el sendero por el que torpe y engañadoramente se ha venido transitando.
El actual comité del PRD, en voz de su presidente Carlos Reyes Torres, dio un plazo perentorio al gobernador en ciernes, para esclarecer este asunto; el plazo es de un año. Hasta entonces veremos la efectividad de estas palabras o si es pura vacilada, como las que se acostumbran a hacer desde la tribu a la que pertenece el dirigente en mención.
LA PREGUNTA: ¿Adónde habrá más violencia, en Atoyac de Álvarez, en Cd. Altamirano o en Acapulco? Proporcionalmente hablando, aclaro….HASTA PRONTO.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario