A unos meses de dejar el cargo que actualmente detenta, Felipe Calderón Hinojosa se ha despojado del poco recato que le quedaba y ha decidido utilizar la represión institucional en contra de los intereses de MVS para, tal como lo muestran las relevaciones conocidas, beneficiar a otro de los competidores en el terreno de las telecomunicaciones y no a los usuarios y consumidores finales de los productos que se ofertan en dicho ramo, quienes siguen siendo afectados por las altas tarifas y la falta de competencia.
Amparado en el gastado discurso del aprovechamiento de los bienes de la nación, como lo hizo en su momento al justificar la liquidación de los bienes de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Calderón Hinojosa decidió echar a andar lo que parece más un capricho y una venganza personal en contra de los inversionistas de MVS encabezados por Joaquín Vargas que atenta contra los derechos constitucionales de libre expresión, de prensa y de competencia, y contra la necesidad de democratizar a los medios de comunicación, que un verdadero acto de justicia encaminado al mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.
Es lamentable que en este entramado de dimes y diretes, el ejercicio periodístico de la comunicadora Carmen Aristegui haya sido tomado como rehén de las partes involucradas, y que con el pretexto de comentarios incómodos vertidos por la misma se haya intentado coartar una vez más la libertad de prensa que se supone está garantizada en la Constitución Política de nuestro país.
Será finalmente el tiempo el que coloque los hechos en su justa dimensión y revele quién tiene la razón, mientras tanto esperamos que la desafortunada decisión de acallar la libertad de expresión que se expresa diariamente por medio de los periodistas que trabajan para MVS no marque el regreso de la represión institucional que por tantos años padecimos y que arrojó cientos de víctimas.
Reiteramos nuestro interés en que la sociedad mexicana cuente con las condiciones que garanticen el derecho a la información y que exista una verdadera política de competencia y combate a los monopolios que sin duda redundará en mejores productos y servicios a menores precios al alcance de la mayoría de las familias mexicanas.
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