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Órganos electorales del estado, evidenciados por el tribunal federal 
Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que el fallo del Tribunal Electoral del Estado que ratificó la decisión del Instituto Electoral del Estado, de asignar cinco diputaciones plurinominales al PRD que por ley no merecía, tenía “una fuerte inspiración autoritaria y representaría una involución de 30 años para el sistema” nos remite a 1982, cuando terminaba su periodo José López Portillo en la presidencia de la República, y Miguel de la Madrid Hurtado era presidente electo y se preparaba para asumir el cargo.
En ese entonces se terminaba un periodo de corrupción descarada y sin medida, y estaba por comenzar otro, igual de corrupto, pero más hipócrita, pues De la Madrid Hurtado navegó con la bandera de la renovación moral de la sociedad -que repitió hasta el hartazgo-, a través de un mar de inmundicia y podredumbre.
 Pero fue el último en hacerlo con entera libertad, pues su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, tuvo que vérselas con otras reglas del juego, en las que la sociedad y la oposición, sobre todo de izquierda, jugaron un papel preponderante.
La pedrada que lanzaron los ministros federales fue para quien correspondiera. Para los consejeros del IEEG y los magistrados del TEE, si es que, a motu proprio, sólo quisieron complacer a la nomenklatura perredista para congraciarse con ella y obtener beneficios a cambio -al fin que era obvio que el perredismo sería mayoría en el Congreso local-. Para los perredistas, si es que ellos se lo pidieron, o para quien haya dado la orden si, como es muy probable, consejeros y magistrados recibieron consigna de mantener la mayoría del PRD en el Congreso, a como diera lugar, para garantizar la gobernabilidad y la luz verde a los proyectos del gobierno. Todo puede ser.
 Pero es así como operaba el PRI-gobierno en los tiempos de López Portillo; el sistema obedecía los dictados del presidente, y las instituciones ya sabían qué hacer para garantizar que los proyectos e iniciativas del dictadorzuelo tuvieran siempre luz verde. Por eso inventaron lo del fraude patriótico -doctrina que postula que, cuando hay la posibilidad que la elección sea ganada por un candidato pernicioso para el sistema, es un deber hacerle fraude electoral para impedirlo-, y finalmente se torcían leyes de por sí torcidas, con tal de complacer al reyezuelo.
 Si fue el gobernador quien dio la orden de asignarle indebidamente al PRD las cinco diputaciones plurinominales que después le fueron quitadas, quizá nunca se sepa, pero, finalmente, ya no importa, pues queda claro que ahora el país cuenta con contrapesos que equilibran los pesos, de modo que es mucho más difícil que se imponga la voluntad de una persona o un grupo, por encima de la ley.
 Ese proceder regresivo ya no le hará daño al país, pues de entonces a la fecha se han creado instituciones que lo impedirían. Hoy tenemos un Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un Instituto Federal Electoral ciudadanizado, un Poder Judicial federal independiente -como lo acaba de demostrar- y otras. Y México es signatario de convenios y compromisos con el resto del mundo que le obligan a acatar sentencias de cortes internacionales, algunas de las cuales le han obligado a pedir perdón y resarcir el daño que agentes suyos han causado a sus ciudadanos.
 Pero sí le hará mucho daño al PRD, como las actitudes de hace 30 años le hicieron mucho daño al PRI. Porque es una actitud. Primero fue el complot para darle cinco diputaciones que no le correspondían, y ahora es su política de tierra arrasada que está imponiendo en el Congreso local.
 Y más daño sufrirá porque, a diferencia del tricolor, en el sol azteca no hay disciplina. De modo que es previsible que dentro de poco lo veamos caer una y otra vez víctima de sus errores, que se sumarán a previsibles rupturas y renuncias a propósito de la salida de Andrés Manuel López Obrador.
 Ya algunas bajas se han producido: en nuestro entorno, Félix Salgado Macedonio, diputado federal dos veces, senador, dirigente del PRD en el estado, candidato perredista a gobernador y alcalde perredista de Acapulco, anunció que seguirá al tabasqueño. Viva el Peje y mueran los lagartos, fue su declaración, que publicó su periódico, La Jornada Guerrero. Y este 13 de septiembre, el veterano luchador Pablo Sandoval Cruz, combatiente de la izquierda desde los tiempos del gobernador Raúl Caballero Aburto, hizo lo propio.
 Entre paréntesis, habrá que preguntarse qué será de los cinco rechazados por el TEPJF, quienes ya se sentían diputados locales y ya se imaginaban dueños de los jugosos ingresos que esa posición proporciona, para vivir otros tres años del presupuesto público, al servicio de sus intereses personales, los de su partido y los del poder. Versiones no confirmadas indican que David Jiménez Rumbo ahora busca ser secretario de Desarrollo Social del gobierno municipal de Luis Walton -seguramente para desfondar la secretaría, como lo hizo con la Sedesol estatal-. Si el alcalde electo piensa que el perredista es merecedor de un cargo en su gabinete porque su tribu tiene la fuerza para sustentarlo, será mejor que lo medite a conciencia ya que la ciudadanía Acapulqueña tiene muchas esperanzas en este nuevo gobierno.
Lic. Yeshica Esmeralda Melo Sánchez
enlaceconjessy@hotmail.com

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