Armando Ríos Piter Propone Acuerdo para citar a comparecer a funcionarios del Gobierno Federal

México, D. F.- Propone el Senador Armando Ríos Piter, acuerdo ante el pleno para citar a comparecer a funcionarios del Gobierno Federal y entreguen un informe detallado sobre la situación que guarda el cumplimiento de sentencias emitidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En esta proposición que presentó el perredista y que fue turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, menciona que a dos años de la publicación de las sentencias en contra del Estado Mexicano, que ordenan reparación del daño a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, derivado de agravios a sus derechos humanos, las sentencias no se han cumplido.
Añadió que desde que las sentencias fueron emitidas, el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos ha sido la encargada de coordinar e implementar las reparaciones emitidas por esta Corte.
Ríos Piter señaló que hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados, y así lo documenta la organización de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan que ha acompañado este proceso: “a más de 10 años de estos hechos, las sentencias permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos”.
Hizo mención de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se destinaron 30 millones de pesos para el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para reparación de daños e indemnizaciones de víctimas de los delitos cometidos en el pasado.Apuntó que a pesar de que fueron etiquetados recursos, no se han implementado a cabalidad; tal es el caso también de la guerra sucia, en la parte alta de la sierra cafetalera en el municipio de Atoyac en el estado de Guerrero.
Este punto de acuerdo propone comparezcan Max Alberto Diner, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y la subprocuradora de Derechos Humanos, de la PGR, y presenten un informe detallado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las sentencias.
Agregó que al iniciar la transición federal, es indispensable demandar que las medidas incumplidas o parcialmente cumplidas, sean cubiertas antes de que termine la presente administración: “es necesario asegurar que las medidas cuyo cumplimiento no se agotan en un solo acto, sean garantizadas en el mediano y en el largo plazo por parte del gobierno federal entrante”.