El Partido de la Revolución Democrática estará pendiente de que con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que acaba de promulgar Felipe Calderón, los ciudadanos que manejan flujos de efectivo por la naturaleza propia de sus actividades no se convierta en chivos expiatorios del gobierno federal para justificar ante los medios de comunicación las acciones de una iniciativa necesaria que desafortunadamente llega tarde, pues debió aprobarse y promulgarse antes de iniciar una guerra fallida y fratricida.
Este ordenamiento que busca erradicar una práctica que representa para México el manejo irregular de entre 10 mil millones y 25 mil millones de dólares –según dependencias como la SHCP y la DEA- es de urgente y necesaria aplicación para combatir la diversificación de actividades que realizan los integrantes del crimen organizado en nuestro país y por la que sólo 20 personas han recibido sentencias condenatorias por dicho delito desde 2007.
Pero el riesgo que conlleva el convertir prácticamente en policías a los intermediarios no financieros y en delincuentes potenciales a quienes participan en determinadas transacciones económicas, es que dentro de un sistema judicial como el mexicano, que no se caracteriza por la correcta y justa aplicación de la norma, muchos ciudadanos se pueden convertir en “presuntos culpables” como los casi 100 mil que se encuentran recluidos en las diferentes cárceles del país sin recibir condena por delitos fabricados o como producto de la incompetencia de los juzgadores.
Aunque la ley en cuestión es pródiga en castigos por el evidente y excesivo uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la construcción, desarrollo y compraventa de bienes inmuebles y con la adquisición de bienes como obras de arte, joyas y vehículos, adolece de medidas que castiguen ejemplarmente aquellas operaciones semi-legales que ya forman parte de la economía mexicana. Por una parte se trata de que ya no llegue agua a la lavadora de dinero pero por otra no hay medidas importantes contra lo que ya está en esa blanqueadora de efectivo.
Desafortunadamente, la nueva ley que entrará en vigor dentro de nueve meses, por una parte generará mayor recaudación fiscal pero por la otra producirá una mayor elusión en el sistema tributario mexicano, ya que mucha gente optará por reducir y fraccionar artificialmente los montos de operaciones comerciales que, dados los topes marcados, se realizarán de forma discrecional y que se traducirán en un mercado negro de transacciones que incidirán negativamente en el sistema tributario de nuestro país.
A la larga, si la normatividad específica es engorrosa dichas medidas conducirán a elevar tanto los costos de transacción como la corrupción, que indudablemente afectará los niveles de productividad, eficiencia y competitividad de la economía mexicana.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es imperfecta, pero esperamos que en el transcurso de los primeros meses del próximo gobierno se hagan desde el Poder Legislativo las adecuaciones necesarias para que los innumerables delitos de cuello blanco no queden impunes y la política y las campañas electorales queden incluidas en el ámbito de la misma.
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