Ofrece gobierno de Aguirre disculpas públicas por caso Ayotzinapa

*** Pese a asesinatos y maltrato, dicen que “nunca existió intención de violentar los derechos humanos”
*** “No hubo autores intelectuales de los hechos, pero sí materiales”; deslindan

Flor Miranda/API

Chilpancingo, Gro., a 21 de Noviembre del 2012.-Ante la ausencia de los familiares de los dos estudiantes normalistas asesinados el pasado 12 de diciembre, en un desalojo violento perpetrado en la autopista del Sol;el gobierno del estado, ofreció una disculpa pública  derivadas de la recomendación 1VG/2012 de la CNDH por el caso Ayotzinapa. En la disculpa pública, se dijo que no hubo autores intelectuales pero sí materiales que actuaron bajo su propia responsabilidad; además y pese a los resultados del desalojo violento contra los estudiantes, se mencionó; “nunca existió intención de violentar los derechos humanos de los manifestantes o de los ciudadanos que transitaban por la zona”.

El acto de disculpa institucional conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública federal, estuvo presidido por el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero, además estuvieron autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero fue evidente la ausencia de los familiares de los normalistas asesinados.Mismo que tuvo lugar en el puerto de Acapulco.
Cabe recordar que se ofrecieron disculpas públicas derivadas de la recomendación 1VG/2012 por el caso Ayotzinapa, emitidas por la CNDH, al gobierno del estado.
En el evento, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, emitió un informe en el que aclaró que el gobierno del estado ha acatado las recomendaciones de la CNDH, incluso dijo que se ha apoyado a los familiares de los estudiantes asesinados con la indemnización de por vida a familiares.
Sin embargo al referirse a los hechos, del pasado 12 de diciembre, el funcionario estatal aseveró que no hubo autores intelectuales de los hechos, pero sí materiales que actuaron bajo su propia responsabilidad.
Pese a los resultados del desalojo violento, en el que murieron los estudiantes y se evidencio el maltrato de cuerpos policiacos a través de videos, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, el funcionario estatal, dijo; “nunca existió intención de violentar los derechos humanos de los manifestantes o de los ciudadanos que transitaban por la zona”.
Luego adelantó que se presentarán dos iniciativas de ley al Congreso del estado, la primera; consistirá en prevenir y sancionar la práctica de la tortura y la segunda para regular el uso de la fuerza pública de las instituciones y las armas.
En tanto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero reiteró su convencimiento por el respeto a los derechos humanos en todas sus vertientes, y destacó los avances del apoyo que ha otorgado su gobierno, a través del Plan Integral de Reparación del Daño.
Enfatizó su compromiso de apoyar y fortalecer la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como el mejoramiento de la infraestructura del plantel, para impulsar la excelencia educativa.
Dijo que estos hechos nunca debieron suceder, y aclaró que este acto de disculpa pública no representa simulación alguna y se sustenta en el amplio informe que dio a conocer la secretaría General de Gobierno.
Luego informó que derivado del Plan Integral de Reparación del Daño, se han entregado 33 indemnizaciones a víctimas o familiares, determinadas a partir de estándares internacionales en materia de violación a los derechos humanos; se han relacionado casi un centenar de atenciones sicológicas, y se han entregado tarjetas de atención preferencial en los servicios de salud estatales.
En cuanto a sanciones a los probables responsables, informó que se sigue proceso penal a dos policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República, y corresponde al Poder Judicial determinar su situación jurídica.
Dijo que la PGJE integra diversas averiguaciones previas por la probable comisión de distintos delitos, entre otros el de tortura, imputados a servidores públicos durante los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011.
Doce servidores públicos de primer nivel fueron separados de sus cargos, y están sujetos a investigación administrativa o penal, y 101 han sido sancionados administrativamente, en función de su grado de responsabilidad.(Agencia Periodística de Investigación)

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