Seguro Popular; Farsa Electorera
“El delito de los que nos engañan, no está en el engaño, sino en que ya no nos dejarán soñar que no nos engañarán nunca”
Víctor Ruíz Iriarte. Dramaturgo Español. 1912-1982
Tuvieron que ponerse al descubierto las fraudulentas operaciones del actuario, Juan Antonio Fernández Ortiz en el indescifrable Seguro Popular concebido por Vicente Fox Quezada., de sospechoso origen por ser duplicitario, y constituido sobre las estructuras vigentes de la Secretaría de Salud en perverso juego de recursos para expandir y controlar sus instalaciones en aparente generalización de sus servicios para toda la población del país, cuando en realidad se trata de manipular esa gigantesca entidad de “saliva” permisiva de mantener un ejército de promotores electoreros con fondos presupuestales, incluyendo un generoso fideicomiso exento de fiscalización oficial por disposición legislativa.
Aún ante este obstáculo, la ocurrente “Comisión Nacional de Protección Social en Salud”, decretada por el gobierno de Vicente Fox en mayo de 2003, y mejor publicitada como el “Seguro Popular”, ahora en avasallador continuismo con Enrique Peña Nieto., después del impulso mediático promovido durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en su plan nacional de desarrollo 2007-2012 durante el que presumió con el programa “estrella” del desquiciado expresidente de “las botas” atender el bienestar de más de 100 millones de mexicanos, y cuando estaban en plena festividad demagógica, sufrió inocultable tropiezo porque la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo en 2006 del panista Germán Martínez Cazares (curiosamente defenestrado del panorama político después de éste “incidente”) quien ahora despacha como director de la Facultad de Derecho de su “alma mater”, la Universidad de LaSalle; tras descubrir escandaloso fraude en el fideicomiso del “Seguro Popular” tramado por el comisionado Juan Antonio Fernández Ortiz en escabroso desvío de recursos por más de 370 millones de pesos y trafico de influencias en colusión con las empresas “Image Technology” del exdiputado, expresidente del partido “Alianza” y boxeador fracasado, Jorge Kahwagy, y del “Grupo Imbursa” filial del “Grupo Carso” del magnate Carlos Slim.
Se puso en claro que ambas empresas fueron favorecidas en truqueado concurso de licitudes para favorecerlos en la maquila de cerca de 4 millones de tarjetas “inteligentes” de identidad para los “beneficiarios” de los más de 49 millones que presume el gobierno tener en el Seguro Popular, mismas que por cierto quedaron inservibles después de que se pagaron, por lo que la SFP inhabilitó a Juan Antonio por 10 años para obtener cargos públicos y le aplicó una multa por más de medio millón de pesos, aunque con esto no quedo claro los alcances que tenga la madeja de corrupción en el Seguro Popular, dependiente de la Secretaría de Salud que “compra” los servicios a los pacientes y comparte sus erogaciones en oscuro manejo contable y administrativo, incluso del generoso Fideicomiso por más de 31 mil millones de pesos.
Pero este depredador caso, parece ser el hilo de la gigantesca madeja de los cuando menos 361Fideicomisos gubernamentales con recursos federales de 360 mil millones de pesos de opaco manejo, justificadamente llamados la “caja chica” de los gobiernos, destacadamente, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, quienes nunca mostraron formal intención de someter tales instituciones a rigurosa fiscalización, por lo que son factibles de permitir el escape de toda esa fortuna, sospechosa de desviaciones y sustracciones, como antes se conoció del fraude en fideicomisos como el Fonadin de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), máxime que toda la información relativa a los fideicomisos está reservada por el IFAI y la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha determinado que éstas entidades no son paraestatales y sólo son fiscalizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) una vez concluidos sus ejercicios.
Así no es de extrañarse que de los fideicomisos anotados, los más vulnerables a la corrupción sean los de mayor asignación de recursos, como Fonadin de la SHCP por 48 mil 176, 400 millones de pesos; el Fonden (Desastres naturales) 38 mil 094 millones 400 pesos; el fideicomiso para el Sistema de la Secretaría de Salud para la protección de la Salud por 31 mil 714 millones 400 pesos; el FARP de la SHCP para pensiones por 27 mil 022 millones 500 pesos; el FORTE de la SEP para el retiro por 12 mil, 205 millones de pesos. En el caso del “Seguro Popular” la urgencia de que el presidente designado Enrique Peña Nieto disponga la investigación del manejo de los recursos entregados a ésta y otras instituciones, por ser preocupantes las partidas de éste fideicomiso destinado a gastos catastróficos por 19, 890 millones 961, 916 pesos de lo que ahora deberá responder el nuevo Comisionado Nacional doctor Gabriel O´Shea Cuevas designado por el presidente Peña y la secretaria responsable del ramo, Mercedes Juan López.
BALA PERDIDA.
Como estará la situación de fideicomisos como éste, que las manifestaciones de rechazo y denuncias de falta de atención a pacientes y carencia de medicamentos en el “Seguro Popular” se multiplican por casi todo el país, empezando por Tabasco donde acusan al gobierno de Andrés Granier Melo del desvío en ese renglón de 300 millones de pesos, en Guerrero demandan que sus servicios sean devueltos a la Federación por malos e insuficientes y antes manifestaron lo mismo los gobiernos de Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca…Entonces?
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