Los gobiernos estatales de Guerrero y Guanajuato acordaron a través de las Secretarías de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SEMAI) y de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), respectivamente, la firma de un acuerdo de colaboración para garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de los jornaleros guerrerenses que migran a trabajar a los campos agrícolas de ese estado receptor de mano de obra.
El secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales y coordinador de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Jornaleros Agrícolas Migrantes, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, participó en la reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Atención de los Jornaleros Agrícolas del estado de Guanajuato con el objetivo de conocer las acciones que realizan las dependencias involucradas en la atención de este sector.
La reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional efectuada en esta ciudad del Bajío, estuvo presidida por el subsecretario de Planeación y Operación para la Organización Social de la SEDESHU, Luis Manuel Quiroz Echegaray, y la directora de Articulación Regional de la SEDESHU, Cecilia Arévalo Sosa.
En este marco, el titular de la SEMAI señaló el profundo interés del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por suscribir un Convenio de colaboración, “que sea una herramienta jurídica que permita no sólo garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales, sino que además cree un órgano de vigilancia que dé seguimiento a las acciones concertadas a través de las respectivas Comisiones Interinstitucionales realizando reuniones de trabajo para evaluar sistemáticamente los acuerdos que se adopten”, puntualizó.
Bustamante Santín, refirió que de acuerdo a lo que ha documentado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tachinollan, los jornaleros de Guerrero migran a más de 10 estados del país y lo hacen principalmente a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Guanajuato. “Tenemos un gran reto por delante, a partir de ahí estamos explorando como Comisión Intersecretarial, cuáles son los estados con los que podríamos realizar acuerdos de colaboración de este tipo”.
Agregó que es una preocupación del gobierno de Guerrero generar condiciones de protección para los jornaleros y sus familias ante la vulnerabilidad en la que se encuentran debido a las condiciones infrahumanas en las que laboran miles de mujeres y hombres que aportan a los estados receptores y a los productores agrícolas su trabajo y salud física.
Por su parte, el subsecretario de Planeación y Operación para la Organización Social de la SEDESHU, Luis Manuel Quiroz Echegaray, manifestó la disposición del gobierno del estado de Guanajuato para signar el acuerdo de colaboración luego de haber instalado ambas entidades, mesas interinstitucionales mediante las cuales se podrá generar un modelo común de atención y protección de los jornaleros agrícolas.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, alrededor de 2 mil jornaleros, de los 30 mil que migran cada año del estado de Guerrero, arriban a los campos durante el ciclo agrícola de mayo a agosto.
Asimismo, durante la reunión el coordinador de la Comisión Intersecretarial del estado de Guerrero, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, acordó con la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Guanajuato, establecer canales de comunicación permanente sobre aspectos como el censo de los jornaleros agrícolas guerrerenses y el desplazamiento que realizan ante los nuevos flujos migratorios que se están presentando durante el año.
A la reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Atención de los Jornaleros Agrícolas, asistieron funcionarios de las Secretarías de Gobierno, Educación, Salud, de Desarrollo Agroalimentario y Rural, DIF estatal, del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, de las Delegaciones federales de Sedesol, Comisión Nacional Indígena, y Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Guanajuato, así como el Centro de Desarrollo Indígena Loyola y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
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