Chilpancingo Gro; 08 de diciembre del 2013/ANG.- organizaciones nacionales e internacionales, dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, manifestaron su preocupación al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, por la situación crítica que enfrentan los y las activistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero. Los representantes de las organizaciones, manifestaron que Guerrero ha sido señalada como una de las entidades más peligrosas para periodistas, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, por instancias como la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH). Uno de los patrones que en este sentido se ha documento, es la permanente impunidad en que muchos de estos casos permanecen. Los registros de agresiones y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de
derechos humanos en los últimos años dan cuenta de ello: la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Baustista, que continúa desde el 7 diciembre de 2011; así como los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011; de Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de mayo de 2012
De Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012; de Arturo
Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, quienes fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013 y posteriormente ejecutados; de Raymundo Velásquez Flores, integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 5 de agosto de 2013; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013; y más recientemente, de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) y de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre de este año.
Según el documento, la impunidad reinante en la gran mayoría de estos casos contrasta con el expedito encarcelamiento y el uso desmesurado de traslados a penales de alta seguridad, de personas promotoras de los sistemas de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
En este sentido, se unieron a las demandas de las organizaciones civiles guerrerenses en su campaña 12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad y le urgieron al Ejecutivo del Estado gire las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad y protección de las y los activistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado.
Igualmente, las más de 50 organizaciones que firmaron el documento; demandaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero lleve a cabo investigaciones eficientes en los casos de agresiones y asesinatos de activistas y defensoras de derechos humanos en el estado (ANG).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario