Luego de comparecer voluntariamente 35 elementos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, de la ciudad de Iguala, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó solicitar medida cautelar de arraigo a 24 de ellos, por lo que un Juez acordó favorablemente dicho requerimiento a fin de dar continuidad a las indagatorias ministeriales que se iniciaron por los delitos de homicidio, contra la administración de justicia y lo que resulte.
El 3 de enero comparecieron de manera voluntaria a declarar ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJE, el Director del Cereso de Tuxpan, así como 34 elementos de custodia adscritos al enunciado establecimiento penitenciario.
Derivado de lo anterior, el representante social de la PGJE decretó la retención legal de 24 custodios que estaban de guardia el día del suceso que se investiga.
Además, uno de los agresores, que está en calidad de detenido y convalece de las lesiones, también quedó bajo arraigo.
Independientemente a lo expuesto, personal de la Dirección General de Servicios Periciales realiza dictámenes en distintas materias, como criminalística, balística, rodizonato de sodio, informática y telecomunicaciones, entre otros.
Una vez que fue decretado el arraigo por 30 días contra los guardias y uno de los agresores por un Juez de Primera Instancia en Materia Penal, los primeros fueron trasladados por elementos de la Policía Ministerial al Centro de Arraigo de la PGJE bajo estrictas medidas de seguridad, en tanto el civil lesionado se continúa recibiendo atención médica en un hospital, hasta en tanto sea dado de alta.
El Ministerio Público continuará con la investigación y el perfeccionamiento de la averiguación previa por el homicidio de diez hombres –cuatro reclusos, cinco delincuentes que permanecen en calidad de desconocidos y el custodio que murió en el Hospital General de Iguala—, ocurrido la madrugada del 3 de enero pasado, luego de que un grupo armado irrumpiera dentro de las instalaciones penitenciarias.
La Fiscalía General solicitó los videos de las cámaras de videovigilancia del Cereso para su estudio, análisis e integración a la indagatoria.
La PGJE continuará perfeccionando las investigaciones para esclarecer los hechos en cuestión.
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