En el marco del 18 aniversario de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se realizó el foro Derechos Indígenas y Armonización Legislativa, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, evento que constituye un parteaguas que tiene por objetivo retomar las exigencias que fueron desechadas por la reforma constitucional de 2001.
Durante la ceremonia inaugural del evento, realizado en el Museo de la ciudad de México este miércoles, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del CESOP, afirmó que las luchas emprendidas por los indígenas del país responden a un derecho ancestral que legítimamente les corresponde.
Recordó que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) encabezada por el entonces diputado Jaime Martínez Veloz, realizó el ejercicio de traducir los acuerdos de San Andrés al plano legislativo, sin embargo la reforma constitucional en la que derivó dicho esfuerzo de negociación y lucha, si bien recogió algunos elementos no incluyó lo sustancial.
De la Rosa Peláez hizo mención de algunos logros alcanzados por los acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre ellos:
*Reconocimiento a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, aceptando sus sistemas normativos internos en condiciones en que aquéllas podían hacer valer su autonomía en sus comunidades y territorios.
*El reconocimiento de formas propias de organización social y política de los indígenas.
*Acuerdos de remunicipalización y redistritación que permitieran una mejor y más justa participación, y representación indígenas en los gobiernos locales y en los congresos.
Por otra parte, el legislador señaló que la reforma de 2001 manipuló el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés, entre otros aspectos:
*Porque no incluyó el enunciado para el acceso al uso y disfrute de recursos naturales en sus tierras y territorios.
*El derecho a la asociación quedó delimitado para las comunidades indígenas, argumentando que ya existían para los municipios.
*Se hizo a un lado el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, estableciendo que eran entidades de interés público.
Hoy, a 18 años de su firma, los acuerdos de San Andrés muestran su vigor y pertinencia. Muestran que lo que allí se había establecido marcaba una ruta de salida a la problemática indígena del país. Los acuerdos de San Andrés reaparecen convertidos en movilización y exigencia.
Se dieron cita en este foro durante todo el día de este miércoles, alrededor de 300 personas, donde representantes indígenas, funcionarios federales y legisladores acordaron unir esfuerzos para armonizar las distintas leyes indígenas, en busca de que los pueblos originarios sean considerados como sujetos de derecho público, para que participen en planos de igualdad en todos los ámbitos de la vida pública del país.
Asimismo, se hizo un llamado al conjunto de pueblos indígenas del país, a no cesar en la defensa de sus terrirorios.
Participaron Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación; Eduardo Vázquez Martín , secretario de Cultura del Distrito Federal; la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados; el senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República.
Participaron también el Dr. Rodolfo Satavenhagen, ex Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas; Pablo Yanes, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL-México, así como Martha Sánchez Néstor, académica y activista por los derechos de las mujeres indígenas, quienes dictaron conferencias magistrales sobre diversos temas.
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