Por Juan Antelmo García Castro
¿Qué es peor, un cura pederasta o una mujer ultrajada que aborta?
El pasado 28 de abril, el gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó y envió al Congreso del estado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la iniciativa de decreto por el que se modifican, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del estado de Guerrero y la ley número 1212 de salud, mediante la cual se propone la despenalización del aborto…
La referida iniciativa denominada Por una Maternidad Libre y Segura, tiene como objetivo primordial garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a la libertad, a la autonomía, a la igualdad y no discriminación, precisando el mandatario estatal que con ello se trata de prevenir muertes de mujeres que se practican abortos de manera clandestina, principalmente las de escasos recursos económicos, provocando este proyecto de ley tremenda polémica y el desgarre de vestiduras de timoratos políticos que advirtieron emitirán su voto en contra de la despenalización del aborto, además de la amenaza vertida por el clero retrógrada, que evocando los horrores de la santa inquisición, ya avisaron a los creyentes católicos que excomulgarán a quienes “promuevan acciones contra la vida”, cuando en pleno siglo XXI es justo y necesario evitar embarazos no deseados y/o no planeados, principalmente aquellos derivados de actos repudiables como una violación y que la mujer deshonrada solicite la interrupción del embarazo con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad corporal, ya que el aborto
–efectivamente- es un tema de salud que requiere especial atención, pues su mala práctica tiene consecuencias graves y se pone en riesgo la integridad de las mujeres… Sin embargo, en la controvertida iniciativa se advierte que se impondrá de tres días a tres meses de prisión o trabajo en favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto y a quien hiciere abortar a una mujer con el consentimiento de ésta, después de las doce semanas de embarazo, por lo que bajo ninguna circunstancia se podrá recurrir al aborto voluntario, si éste no se practica en tiempo y forma, avalado por las autoridades correspondientes… Por otra parte, los opositores al innovador proyecto de ley antiaborto, específicamente aquellos del sexo masculino, no deben interferir en esta delicada toma de decisiones que sólo compete a las mujeres, porque a los hombres no nos gustaría que las féminas enviaran insólita iniciativa de ley para aplicar la vasectomía a quienes seamos sorprendidos in fraganti cometiendo adulterio… También el santificado clero debe preocuparse más por los actos de incumplimiento del celibato en que incurren santos varones que emulan por todo el mundo al famoso Padre Amaro, o excomulgar a los perversos curas pederastas como Marcial Maciel, a quienes la Santa Sede solamente mueve de su “condición clerical”, como ha ocurrido con 884 depravados sacerdotes que han sido removidos desde el año 2004 por delitos de pederastia, cuando les debieron haber aplicado todo el peso de la ley, por lo que me atrevo cuestionar “a quien corresponda”: ¿Qué casos son más graves y merecedores de excomulgación, los de pederastia clerical o el de una mujer ultrajada que tomó la libre y respetable decisión de un aborto necesario?
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