OPINION

Por Manuel Tello Zapata.

Los activistas presos 

No se sabe de cual fumó el diputado federal perredista Roberto López Suárez, de quien un periódico acapulqueño destaco sobremanera una declaración: que el Gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero se comprometió con ellos a liberar por la vía política a diversos personajes que se encuentran en prisión actualmente como Néstora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Suástegui, etc..

Esto supuestamente ocurrió durante la reunión que sostuvo el martes anterior el mandatario estatal con seis diputados federales que integran la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja, donde le solicitaron la liberación de estas personas porque según ellos: no son delincuentes sino luchadores sociales que están presos injustamente.

Aguirre Rivero no puede comprometerse a liberarlos como aseguró el norteado Roberto López, porque se encuentran sujetos a juicios por delitos del orden común y federal, no son presos políticos. Lo que si propuso el Gobernador es integrar una mesa de trabajo para estudiar a fondo estos casos y luchar porque se les haga un juicio justo, que se procure acercar a gente como Néstora Salgado a un penal del Distrito Federal o a Guerrero, donde reciba un trato justo y digno de toda mujer.

La reunión con los diputados fue más bien un acercamiento más o menos cordial, que no puede tener conclusiones, ya que hizo falta en el encuentro el poder judicial, que es quien maneja este tipo de asuntos. Aguirre Rivero aseguró también que en Guerrero su gobierno no persigue a los luchadores sociales ni criminaliza sus movilizaciones. Esto es cierto porque desde hace muchos años actúan abanderando presuntas causas populares, gente como los grupos de Tlachinollan, Tadeco, APPG, CETEG, Ayotzinapa etc., que nunca han sido sometidos a penas judiciales.

Ni siquiera a los rijosos maestros de la CETEG que cometieron diversos desmanes contra las sedes de los partidos políticos, o Nicolás Chávez, que ha incurrido en acciones que pueden ser delictivas, se les molesta. Por lo contrario, existe demasiada tolerancia por parte del gobierno para con estos activistas, así que decir que se criminaliza la lucha social en guerrero son solo cuentos chinos.

Quienes están en prisión son personajes que abusaron del poder que les dio el manejo de masas y se pasaron de listos como el caso de la señora Néstora, o Marco Antonio Suástegui. Sin embargo, es de esperarse que sus abogados logren desvanecer los delitos de que se les acusa para que recuperen su libertad, esperando que hayan aprendido la lección y de ahora en adelante desarrollen sus actividades dentro del marco estrictamente legal, como lo hacen los viejos activistas.

NINGUNA IMPOSICIÓN

De manera tendenciosa y sin aportar prueba alguna, alguien anda señalando que el Secretario General de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, pretende imponer al ex Contralor General Antonio Arredondo Aburto, como nuevo Auditor General del Estado. La decisión de separarse de la Contraloría fue tomada en forma  muy personal por el Contador Arredondo, porque tiene entre sus metas ocupar el cargo de Auditor General del Estado.

Se trata de una aspiración legítima por parte del conocido político y profesionista acapulqueño; ya si es o no designado para ese cargo, será cosa del Congreso local. El que Martínez Garnelo pretende imponerlo es una simple patraña porque legalmente ningún funcionario del Gobierno estatal incluyendo al Gobernador, puede darle órdenes a los diputados, salvo que ellos así lo de$een (jejeje).

Con la actual conformación del poder legislativo guerrerense, la pluralidad es el principal atributo por los diversos partidos que están representados en ese poder constitucional.  El derecho a disentir campea entre todos los legisladores, por lo que se hace difícil avanzar en la aprobación de diversas iniciativas como la reforma al código penal en materia de aborto. Es de esperarse que la designación del nuevo Auditor General del Estado se realice de manera limpia, buscando que sea el mejor de los aspirantes quien ocupe dicho cargo.