OPINION

Por Manuel Tello Zapata

Importantes reformas

El Congreso del Estado aprobó ayer por la madrugada un importante paquete de cinco reformas en materia penal, que vendrán a mejorar y modernizar el sistema de justicia en Guerrero, y permite armonizar este con la que se aprobó a nivel nacional. A las cuatro de la madrugada se votó la última de estas reformas, en una sesión que se prolongó gracias a la ambición extrema del diputado panista Jorge Camacho Peñaloza.

Este legislador es Presidente de la Comisión de Justicia y el angelito se negaba a firmarlas para su debido procedimiento, hasta que le pagaran un millón de pesos (200 mil por cada reforma), pese a que el no hizo las reformas sino un equipo de especialistas. Fue entonces que se unieron todos los diputados para reclamarle su proceder y moverlo a que entregara las reformas para su aprobación o rechazo. No faltó quien dijo: “si quiere hacer negocio (Peñaloza), que ponga su tienda”. La situación se maquilló con la versión de que Jorge exigía un espacio en la mesa directiva, pero la pura verdad es que le ganó la ambición.
Las reformas en materia penal son: 1.- Declaratoria de Implemento del Sistema de Justicia Penal. A partir del 30 de septiembre empezará a operar en forma paulatina. Deroga el Código de procedimientos penales y entrará en vigor el Codigo Nacional de Procedimientos Penales; 2.- Nuevo Código Penal del Estado, con nuevas figuras delictivas como el acoso sexual, abusos contra menores y cometidos por funcionarios públicos, entre otros temas.
3.- Ley de la Fiscalía General del Estado, con esta reforma desaparece en un plazo de 60 días la Procuraduría General del Estado y ahora será Fiscalía General; 4.- Reformas a las leyes orgánicas del Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública (5), que modificarán la estructura y operación de ambas dependencias, para fortalecer el Sistema Penal Acusatorio.
Este paquete de reformas es el segundo que aprueba el Congreso en menos de tres meses, y con este trabajo la presente legislatura se convierte en la más productiva de la historia, a pesar de que solo lleva dos años de trabajo. Obviamente tuvo mucho que ver en tan buenos resultados, el trabajo y liderazgo del Presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, que colocó como prioridad de la agenda legislativa el tema penal, logrando el consenso y respaldo de todas las expresiones partidistas.
La sesión de ayer estuvo llena de ambiciones extremas que desnudaron a ciertos diputados, especialmente cuando se iba a nombrar a la nueva Mesa Directiva y su presidencia, que casi a golpes, gritos y sombrerazos exigía para él, el perredista Alejandro Arcos Catalán, quien carece de total experiencia para desempeñar dicho cargo. El Grupo aguirrista argumentaba que era un acuerdo entre Bernardo y el Gobernador, hecho un año atrás. Sin embargo, en una muestra de que no obedece órdenes de Aguirre Rivero, Ortega Jiménez apoyó para presidir la Mesa Directiva a la diputada del MC, Laura Arizmendi Campos.
Finalmente y luego de los chismes, dimes y diretes, el Congreso local consiguió una cosa que no pudieron lograr las dos legislaturas anteriores: reformas que dan un avance histórico en la modernización de nuestro sistema jurídico, que se suma a otras reformas fundamentales como las de una nueva Constitución local y la de materia electoral. 
NARCO FOSAS EN IGUALA 
Un drástico e inesperado giro está dando el caso del homicidio perpetrado hace un año en la persona del dirigente igualteco Arturo Hernández Cardona, del que han hecho responsable en forma infundada por algunos perredistas y familiares del hoy occiso, al Presidente municipal de nuestra cuna de la bandera, José Luis Abarca Velázquez, quien siempre ha sostenido que nada tiene que ver con el triple homicidio que causó conmoción en el ambiente político estatal.
El hallazgo que se hizo en terrenos de Arturo Hernández Cardona, de varias narco fosas, de donde fueron exhumados 29 cuerpos, vino a darle nuevas lecturas al asesinato de este dirigente. La publicación de una fotografía donde aparece Arturo tirado en el suelo luego de su ejecución y una cartulina con un mensaje del jefe del grupo delictivo Los Rojos: Leonor Nava Romero alias La Garra o El Tigre, están creando en Iguala la duda sobre los nexos que pudo tener Hernández con este capo, que actualmente se encuentra detenido.
El Presidente municipal José Luis Abarca, siempre sostuvo su inocencia y en Iguala la gente sabe que la familia del primer edil, hizo su  fortuna económica en forma lícita con la industria del oro, y no tienen nada de qué avergonzarse. Abarca Velázquez no tiene el tipo de ser una persona violenta o afecta a ciertas actividades nada legítimas. Luego del homicidio de Cardona, la Procuraduría General de la República y la del Estado investigaron bien al Alcalde sin encontrarle nexo alguno con este sonado crimen, ni relación con el grupo de Los Rojos. Es hora de retomar las investigaciones en torno al caso, sin asumir señalamientos que carecen de fundamento.
FEO ABUSO DE LA CRAC
Ahora si se le pasó la mano a los grupos comunitarios que operan en la Costa Chica y región de La Montaña. Seguramente el Gobierno en sus tres niveles habrá de tomar las medidas pertinentes para que se castiguen los hechos ocurridos el pasado miércoles en Xochistlahuaca, donde a las siete de la noche, un grupo de aproximadamente 60 hombres armados de la también llamada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), irrumpieron en forma violenta en la dirección de seguridad pública, donde les hizo resistencia el Director, Miguel Gutiérrez Carbajal, y lo lesionaron a balazos en el tórax.
Luego de apoderarse de tres armas cortas y cinco armas largas de uso exclusivo del Ejército, los comunitarios se llevaron preso al director y lo trasladaron a la casa de justicia de Cochoapa. Al recibir la denuncia correspondiente, miembros del Ejército y policías se trasladaron a esa casa de justicia que se encontraba completamente abandonada; pero en la cajuela de una camioneta de esa organización, estaba el cuerpo sin vida de Miguel Gutiérrez Carbajal. Obviamente, este asesinato no va a quedar impune y se va a castigar a los responsables.
Las policías comunitarias no tienen la facultad de allanar palacios municipales ni instalaciones policiacas, mucho menos agredir a balazos a miembros de la policía legalmente reconocida. Su misión es resguardar la seguridad de sus paisanos en las comunidades de su influencia. Lamentablemente no es la primera ocasión en que a ciertos comandantes de estos grupos comunitarios se les sube el poder a la cabeza y cometen excesos que no pueden permitir.

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