Chilapa, Gro., 15 de julio de 2015 (CA).- En el segundo día de atención de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR), familiares de tres personas desaparecidas, antes de la irrupción de los civiles armados, denunciaron penalmente la retención ilegal de sus parientes. Con éstas, en dos días, suman ocho las querellas por la desaparición de personas presentadas.
El pasado miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrían y el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos se reunieron con los familiares de los desaparecidos de Chilapa.
En el encuentro los pobladores pidieron a los funcionarios la permanencia de la PF en municipio y el regreso del grupo multidisciplinario (personal de genética, criminalística y agentes del Ministerio Público federal), para atender a familiares de personas que desaparecieron antes de la irrupción de los civiles armados que tomaron el control de la ciudad durante cinco días, hace dos meses.
Uno de los argumentos de los pobladores para el regreso del grupo multidisciplinario, fue que los familiares de los desaparecidos no confían en el MP local y prefieren hacer las denuncias ante una autoridad federal.
Los funcionarios se comprometieron a que este lunes se reinstalarían las mesas de atención con personal de la Segob, la PGR y la PF.
Este lunes, de acuerdo con el vocero de los familiares de los desaparecidos, José Díaz Navarro, familiares de cinco personas presentaron su denuncia penal, además de que les tomaron muestras genéticas para poderlas comparar con información forense de la PGR y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y este martes, Díaz Navarro informó que acudieron a las mesas de atención familiares de otras tres personas desaparecidas antes de la incursión de los civiles armados. Con éstas, suman ocho las querellas presentadas en este nuevo periodo de recepción de denuncias.
Díaz Navarro explicó que hasta antes del lunes tenían un registro de 30 personas desaparecidas que sus familiares no habían denunciado penalmente su desaparición. Pero con las ocho que realizaron en estos dos días, aún quedan 22 desapariciones sin denunciar.
Con estas ocho denuncias, más las 14 de las personas que desaparecieron durante la irrupción de los civiles armados, y las tres de los jóvenes indígenas ocurridas en diciembre pasado, suman 25 las desapariciones documentadas legalmente.
No obstante, las denuncias por desaparición de personas en Chilapa comenzaron el año pasado. En julio, cuando se vivió el primer momento álgido en esta disputa por el control de la ciudad por parte de los grupos de la delincuencia organizada, el líder de comerciantes, Francisco Benítez Domínguez denunció la desaparición de su hijo Tizoc Benítez Ramírez.
Cuatro meses después, en noviembre, la familia Díaz Navarro, marchó por la ciudad en exigencia de la presentación de los hermanos Hugo y Alejandrino, quienes desaparecieron el 26 de noviembre en la zona rural del municipio.
Junto con los hermanos Díaz Navarro desaparecieron otras tres personas.
Y este 11 de mayo comenzó la etapa de denuncia más intensa en Chilapa, cuando unos 300 civiles armados mantuvieron el control de la ciudad y se retiraron sin entregar a 14 personas que, según han denunciado los familiares, ellos detuvieron.
La tarde del sábado 9 de mayo de golpe llegaron unos 300 hombres armados en decenas de camionetas a la ciudad. Se apoderaron de la Secretaría de Seguridad Pública y a los policías municipales los desarmaron.
En los siguientes cinco días tomaron el control de la ciudad. Todo a la vista del Ejército, la Gendarmería y la Policía Estatal.
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