Josefina Aguilar Pastor/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., agosto 11 del 2015 (NOTYMAS).– A diez días de cumplirse dos años de haber sido detenida Organizaciones defensoras de derechos humanos, exigen al Gobierno Federal y Estatal, la inmediata liberación de la comandanta Nestora Salgado García, reparación integral del daño, garantías de seguridad para ella y su familia, acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades del estado de Guerrero por parte del Gobierno ese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero.
En un documento enviado al presidente de la república Enrique Peña Nieto, organismos como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(RedTDT), le exigen la liberación inmediata e incondicional de Nestora Salgado, detenida el 21 de agosto de 2013.
Acusan que la detención de Salgado García, se realizó tras un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, sin que se le mostrara orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente, ni se le informara de las razones de su detención, la cual aseguran, estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, en el marco de falta absoluta de respeto y garantía al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos.
Entre ella además de su detención sin su traslado a Chilpancingo, sin ser presentada ante un Juez ni contar con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, auxiliada por algún abogado de elección, llevada más tarde a Acapulco por algunas horas, en donde le tomaron su declaración preparatoria en indefensión e incomunicación y su posterior traslado al penal de máxima seguridad de Nayarit, en un avión del entonces gobernador Ángel Aguirre.
Esto a pesar de que de acuerdo a la ley mexicana y a la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único facultado para autorizar un traslado, previa solicitud del fiscal debidamente fundada y motivada es el juez, sin embargo, el Código Procesal Penal de Guerrero incluso no otorga siquiera facultades al juez para autorizar el traslado de una persona no condenada a un penal de máxima seguridad.
Ya en el penal de Nayarit, Nestora Salgado fue fichada administrativamente, sin revisión judicial, como presa peligrosa, colocándola en régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, o que imposibilitó la comunicación con sus familiares y defensa, lo que tuvo graves consecuencias en su salud física y mental.
Nestora Salgado, es acusada del delito de delincuencia organizada, sin embargo, el 30 de marzo de 2014, fue exonerada por el Poder Judicial federal, el cual a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito, reconociendo la legalidad de las funciones de la policía comunitaria de Guerrero, lo cual no se cumplió y los procesos estatales siguen su curso, produciendo una violación del principio de bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos), lo que dificulta su defensa y acceso a la justicia, señalan los órganos defensores de derechos humanos.
En enero de este año 2015 el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, consideró a Nestora Salgado García como presa política y solicitó al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, del desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria, lo cual tampoco se cumplió, por lo que el mismo mandatario, envió una ley de “amnistía”, la cual se mantiene aún en el Congreso del Estado.
En ese sentido, las organizaciones de defensoras de los derechos humanos exigen al Gobierno Federal y estatal; la inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del Estado de Guerrero, reparación integral del daño para ella defensora y su familia; garantías de seguridad para la familia de la defensora y sus defensoras/es; reconocimiento público de responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por la detención ilegal de la defensora, y cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero. (NOTYMAS)
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