Confirma ROM que otorgó 6 mdp a diputados “para obra pública”

*** Insiste en que son recursos “etiquetados”, pero repite las palabras de su Secretario de Obras Públicas al decir que los legisladores “no tienen llenadera”.

Jonathan Cuevas/API

Chilpancingo, Gro.- Entre el gobernador del Estado Rogelio Ortega Martínez y su Secretario de Obras Públicas, Jesús Hernández Torres, existe un ocultamiento de información respecto al reparto de recursos para ejecución de obra pública, donde se están violentando procesos de licitación para beneficiar a élites políticas y, sobre todo, afectando a empresas locales que están al borde del colapso y se ven obligadas a despedir trabajadores que resultan ser los más afectados. 

Este miércoles, cuestionado por el presidente del grupo ciudadano “Cuicalli” de Chilpancingo, en una estación de radio, el gobernador Rogelio Ortega aceptó haber dado ya a los diputados la cantidad de 6 millones de pesos en obra pública, y se refirió a ellos como gentes que “no tienen llenadera”, repitiendo las palabras de su Secretario de Obras Públicas. 

Adolfo Chávez Romero, presidente de la organización mencionada, solicitó al mandatario que permita que se aplique a su gobierno una “auditoría social”. Esto, luego de que Ortega negara que su Secretario de Educación Salvador Martínez Della Roca, tiene un salario superior al del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Chávez Romero advirtió al titular del ejecutivo estatal que los ciudadanos no creen ya en las palabras de los gobernantes, y en su caso, no cree ni en él, ni en su Secretario de Educación, y tampoco confiaría en una auditoría de la Contraloría General del Estado o de la Auditoría General, porque “son parte del mismo equipo y no se puede confiar ya en ellos”. 

Rogelio Ortega aceptó la auditoría pero no detallaron cuando y en qué términos se aplicaría. No obstante, refutó que con encuentros con la ciudadanía como el que estaba teniendo con su grupo “Cuicalli”, estaba “dando la cara” a la ciudadanía. 

Solo se acordó que el grupo Cuicalli forme una comisión que tenga como objetivo revisar la nómina del Gobierno del Estado y el recurso que se destina a medios de comunicación. Por su parte el gobernador afirmó que pedirá a su director de Comunicación Social que suba una copia de los cheques de los funcionarios de primer nivel, para que los ciudadanos sepan cuánto ganan. 

Luego, el líder del grupo ciudadano tocó el tema de las llamadas telefónicas que exhiben a sus funcionarios negociando con diputados la asignación de recursos para obra pública. Recordó que luego de que Ortega Martínez declaró al estado “casi en quiebra”, se supo que sus secretarios se estaban “despachando con la cuchara grande, dándole a los diputados algo que no tienen derecho porque no es la parte fundamental de un diputado”. 

“Sin embargo hablaban de 10, de 8, de 6, de 4 o de 2 millones. Entonces, ¿Hay dinero o no hay dinero?”; preguntó Adolfo Chávez. 

Rogelio Ortega excusó que este “es otro equívoco”, y a pesar de que estaban las llamadas que se habían hecho públicas, era necesario “aclarar”. 

Entonces señaló: “Hay un presupuesto que se aprueba para salarios, los salarios de los funcionarios y el recurso que se va a gastar, y hay obra que se va a realizar y esa es etiquetada. Y hay gestión que realizan los diputados, entonces de repente dicen: ¨Gobernador, yo gestioné 10 millones de pesos para construir una carretera de tal lugar a tal lugar, si no se ejerce ese dinero se pierde, y yo sé que ya lo bajó la federación¨”.

Pero el gobernador afirmó que ese dinero “no está en Guerrero” y se tiene que esperar a que baje.

Destacó que envió una circular a los ocho días de haber tomado el cargo, para que todos los convenios que rebasaran 500 mil pesos, fueran licitados conforme a la norma. Y abundó que hay empresas de Guerrero y de otros estados que compiten en las licitaciones. 

Luego, cantinfleando y sin dejar muy clara su declaración, señaló que el dinero del que hablaban sus funcionarios y diputados, era de lo ya etiquetado. 

Y el presidente de Grupo Cuicalli replicó que las llamadas evidencian una negociación de recursos para obra pública que se supone ya está etiquetado, y no tendría por qué estarse negociando a estas alturas. “Piensa uno que la lana la tienen ahí guardada y la disponen a su antojo”; señaló. 

Y Rogelio Ortega aseguró que “no se dispone del recurso”, pues el dinero que viene etiquetado “es para que se ejerza en donde viene etiquetado”. Y luego hizo referencia al diálogo con un legislador: “A ti te etiquetaron 6 millones, ya te los di”. 

Enseguida el gobernador soltó una carcajada discreta y abundó: “además, lo que decía Jesús Hernández, el de Obras (Públicas); ese dinero del que están hablando ya se etiquetó, ya se ejerció, ¿De dónde les vas a dar más? No es posible, por eso habla de que no tienen llenadera”. En cambio, los diputados piensan que seguramente tienen recursos y piden más. 

“No hay acaparamiento en obras”…                     

Al encuentro con el grupo Cuicalli también acudió Jesús Hernández Torres, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. Al término de la reunión fue abordado por la prensa pero éste, lejos de responder preguntas de interés social, se avocó a exigir a un reportero de “Proceso”, que le dijera quién le filtró el audio de las llamadas telefónica donde se exhibe el reparto de obras o recursos entre diputados. También, lo acusó de espionaje. 

El funcionario estatal, evidentemente molesto, dijo ante algunos comunicadores: “ante la ilegalidad estamos explicando ya la situación, entonces no estamos contestando lo que no, ahora si alguien nos explica quién nos está investigando, si nos espían y nos dan esa razón pero legalmente, entonces damos explicaciones”.

Luego, exigió que se le informe quién autorizó el espionaje que se realizó contra su persona y, vetó de la entrevista al reportero Ezequiel Flores, de Agencia Proceso. 

Por otro lado, al referirse a los señalamientos de que la corrupción entre funcionarios y diputados mantenían a los constructores al borde del colapso, como lo advirtió el presidente en Guerrero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio Isaac Reyes Carbajal; el titular de la SDUOP dijo que se tiene el acuerdo con los colegios y con la cámaras de la construcción, para que los trabajos que se realicen con lo que llegue de presupuesto, “se rifen y se liciten entre ellos”.

Titubeante y tratando de huir de los reporteros, aseguró que a la CMIC sí se le han otorgado obras, sin embargo, no especificó puntualmente a qué obras se refería y, por el contrario, pidió a éste reportero que le dijera cuántas y cuáles son las obras donde se presume que hay corrupción o, acaparamiento para empresas ligadas a diputados o a él mismo.  

Mientras que al referirse a los señalamientos del diputado perredista Amador Campos Aburto quien lo acusó de estar otorgando la obra pública a “sus empresas”, aseguró que no es así y pidió que se le especifique a qué empresas se refiere el diputado, porque “no responderá preguntas en lo general”.  

Cabe mencionar que empresarios de la CMIC han denunciado desde hace varios meses el acaparamiento de la obra pública por parte de los diputados, pese a que ésta tendría que ser concursada en licitaciones entre todas las empresas interesadas. Sin embargo, en el caso de la Cámara de la Construcción pareciera que están siendo vetados a pesar de que son empresas legalmente registradas que generan empleo, pagan impuestos y dejan derrama económica, al tratarse de empresas locales. 

Y en caso de las empresas “recomendadas” por diputados, muchas veces son “fugaces” o “patito”, que no dan beneficios a la ciudadanía ni a los pueblos donde se ejecutan las obras. Esto trae como consecuencia el cierre de empresas y despido de trabajadores y, por supuesto, más problemas de pobreza e inseguridad.  

Ante esto, negando que la SDUOP esté permitiendo que diputados acaparen la obra pública o, más aún que él mismo como titular de la dependencia esté beneficiando empresas de sus incondicionales o propias, Hernández Torres aseguró que ninguna empresa puede construir “si no está registrada”. 

A la vez, reconoció que es él quien firma los registros de las empresas que entran en licitaciones, por lo que de existir el acaparamiento o corrupción, sería el responsable. “Si los registros no tienen todos los requisitos para construir una empresa, no te doy el registro y por lo tanto no puede haber obra pública”, expuso. 

Finalmente, antes de cerrar la entrevista, dijo: “que me digan a mí qué acaparo, a mí (que me hagan) señalamientos  puntuales, que me digan dónde y qué. Si a mí me dicen que yo di una obra, que me digan a quién se las di”.

En general no aclaró nada del recurso federal etiquetado para gestión de los diputados en obra pública. No aceptó que haya beneficiado a empresas propias o de sus allegados, y tampoco a las recomendadas por diputados, aunque los audios difundidos y las denuncias de sectores de la construcción, evidencian todo lo contrario. (Agencia Periodística de Investigación).