Acapulco, Gro., 6 de agosto de 2015 (CA).- Desplazados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec tomaron el Palacio de Justicia de Caleta para exigir que no se libere al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Cerca de las 11:00 horas los manifestantes arribaron a las oficinas del Poder Judicial, para presentar pruebas contra Suástegui y exigir al gobernador, Rogelio Ortega Martínez que no lo libere y se le aplique todo el peso de la ley.
“Ortega no liberes delincuentes que se hacen pasar por luchadores sociales”, “el gobernador manda atención médica al delincuente de Marco Antonio Suástegui”, “Suástegui eres un ratero, delincuente y asesino” y “los desplazados queremos justicia”, se leía en algunas de las cartulinas que portaban.
El ciudadano del poblado de la Concepción, Jacinto Solís Vázquez dijo que hay más de 80 familias desplazadas que quieren volver a sus poblados, motivo por el que piden la intervención del gobierno estatal.
Explicó, que el principal motivo de la protesta era demostrar que contrario a lo que aseguró el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, sí existen pruebas en contra del vocero para que no lo liberen del penal de La Unión.
Lo anterior, luego de que magistrados del Poder Judicial se comprometieron ante los integrantes del Cecop a emitir una sentencia el 14 de agosto, y apegada a derecho en el caso de su vocero.
Acusó, que desde la cárcel sigue operando dando órdenes para que los sigan golpeando y desplazando.
“Aquí están las pruebas, estamos comprobando con toda la verdad y no estamos especulando en nada, estamos presentando todo para que se haga justicia y que esta persona cumpla con la sentencia que se le pueda aplicar porque es una persona de alta peligrosidad para que ande en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Al ser cuestionado sobre si han presentado las pruebas ante las audiencias, aseguró que también han sido presentadas “nada más que no sé porque ha salido favorable hacia él” por lo que dijo que formarían una comisión para dialogar con los magistrados.
María Guadalupe Ayala Zamora, otra de las inconformes, acusó que fue desplazada de su poblado por órdenes del vocero de la Cecop porque ordenó matar a su padrastro dejando huérfanos a sus tres hermanos, viuda a su madre y a ella postrada en una cama de por vida porque recibió tres impactos de bala; uno que atravesó sus dos pulmones y el otro que dañó su médula espinal.
“Por eso le pido al gobernador que no libere a ese asesino, como es posible que él tenga consideración con ese hombre y nosotros que fuimos desplazados no nos brinde ayuda”.
Precisó, que a ocho meses de lucha nadie les ha hecho caso ni brindado ayuda, “no es posible que ni una silla de ruedas me hayan regalado, tengo que pedirla cuando tengo que trasladarme al hospital para mis citas con el médico”.
Dijo que si Suástegui es liberado los matará a ella y a su madre porque los amenazó, y lo responsabilizó de todo lo que les pasó por el hecho de no estar de acuerdo con sus acciones, “es el único motivo que tiene para golpear a las personas”.
Aseguró, que contaban con las pruebas necesarias para que no sea liberado “¿qué más quieren?, querían pruebas, aquí las tenemos, las marcas de los balazos, aquí estoy yo postrada en una cama desde hace ocho meses sin poder moverme”.
La joven de 19 años, reiteró su llamado al mandatario estatal para que no libere a Marco Antonio Suástegui, les brinde apoyo y quite al grupo armado de los Bienes Comunales.
“Nosotros queremos regresar a nuestra casa, no es posible que tengamos que andar pidiendo posada para poder vivir y ellos allá campantes de la vida siendo responsables de lo que nos pasó”.
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