Las Dentelladas del Tiburón

Comprometen al alcalde “regadas” en CAPAZ

Por Juan Antonio Escobar

Zihuatanejo, Gro.- La existencia y funcionamiento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) y, en general, de los Organismos Operadores de Agua Potable en la entidad, está regulada por la Ley de Aguas del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574 y su reglamento.

De acuerdo con el artículo 46 de la citada ley, los Organismos Operadores (como la CAPAZ) deben contar con un Consejo de Administración, un Consejo Consultivo compuesto por representantes de los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, un Director y el personal necesario para cumplir su cometido. La Capaz tiene un Consejo de Administración, un Director y  el personal que requiere, pero carece de un Consejo Consultivo, a pesar de que es obligada su constitución.

La Ley de Aguas de Guerrero número 574 se refiere a la integración del Consejo de Administración en dos artículos, el 47 y el 47 bis, éste último, adicionado en el año 2008. El 47 bis establece la forma como deberán integrarse los Consejos de Administración de los Organismos Operadores en los municipios que tienen más de 100 mil habitantes, como Zihuatanejo que, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, tenía para esa fecha 118,211 habitantes. Y cinco años después seguramente somos más pues no para ni un segundo la producción de chamaquitos ni el arribo de paisanos nuestros que llegan huyendo del desempleo, el hambre y la violencia, aunque aquí no cantamos mal las rancheras. 

El artículo 47, por tanto, se refiere a la formación del Consejo en los municipios que no tienen más de 100 mil habitantes. Sin embargo, el Consejo de Administración de la CAPAZ se encuentra organizado de acuerdo con el artículo 47 y no como lo ordena el 47 bis, que es lo que procede si lo interpreta alguien que sepa leer y contar hasta el 118 mil. 

Es muy probable que desde el gobierno de Eric Fernández Ballesteros (2012-2015) e incluso desde 2011 existiera esta irregularidad, que –por cierto- revela la astucia que caracteriza a nuestros políticos, pues en cuanto conocieron las cifras del Censo de 2010 de inmediato pidieron (y les concedieron) más síndicos y regidores para el Cabildo cihuatlaca, pero se les olvidó actualizar otros aspectos legales como el de la CAPAZ en comento, como dicen los abogados. Como vemos parece que efectivamente hay un error y éste es el momento propicio para corregirlo. 

Pero veamos: ¿Cuál es la diferencia entre un Consejo de Administración organizado con base en el artículo 47 con uno estructurado tomando como base el 47 bis? La diferencia estriba en que el primer artículo permite a la autoridad municipal controlar fácilmente el Consejo, mientras que el segundo se la pone más complicada; el 47 considera como miembros del organismo, con derecho a voz y voto, al Presidente Municipal, a 4 directores de área del gobierno municipal, a 3 regidores del Ayuntamiento, a un representante de CAPASEG y al presidente del Consejo Consultivo, que aquí no existe. Casi “puros cuates”, pues.

El 47 bis, en cambio, elimina a los empleados del gobierno municipal y los sustituye por representantes de organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con dicho artículo, el Consejo de Administración de los Organismos Operadores (como la CAPAZ) debe dejar fuera a los 4 directores de áreas del gobierno municipal que son funcionarios cuyo puesto depende estrictamente del presidente municipal (él los propone al Cabildo) e incorpora al Consejo a tres ciudadanos representantes de las organizaciones de la sociedad civil como las Cámaras empresariales de las actividades económicas más importantes, los Colegios de Profesionistas y las Asociaciones ligadas al desarrollo urbano, la construcción y la vivienda. No es el único pero es el cambio más importante y progresista. 

Yo no entiendo si se trata de un error por desconocimiento de la Ley de Aguas o de toda una maquinación orquestada por el equipo que maneja la CAPAZ, para controlar sin problemas y sin la molesta presencia de los ciudadanos, el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (así, como le hizo Eric Fernández Ballesteros).

El problema reside en que este pequeño “desconocimiento” de la Ley compromete  al alcalde Gustavo García Bello, pues, técnicamente hablando, ninguno de los acuerdos del Consejo de Administración de la CAPAZ es legal y válido; estrictamente hablando, el Consejo de Administración de CAPAZ no existe; basta comparar los artículos mencionados para arribar a tal conclusión. Y hay que tener cuidado pues un pleito grande, seguro lo pierden si les impugnan a su Consejo de Administración que carece de base de sustentación.

Entre otros acuerdos sin bases legales, el Consejo suscribió el nombramiento del Director del organismo, José Javier Medel, una designación que ya de por sí presentaba problemas pues la Ley de Aguas citada, en su artículo 54 establece, entre otros, el requisito de “Contar con un título y cédula profesional afín a la materia” y “Tener experiencia técnica y administrativa en materia de aguas de cuando menos tres años, anteriores a la fecha de su nombramiento” para poder cobrar como director de CAPAZ. El director designado por el Consejo de la CAPAZ no tiene un título “afín a la materia” (que es el agua potable y el saneamiento) ni tiene la experiencia “técnica y administrativa en materia de aguas” que exige la ley.

En descargo, diremos que es absolutamente cierto que por la dirección de CAPAZ (y por muchas otras direcciones del gobierno municipal y del gobierno del estado) han pasado licenciados (de verdad y de los otros) cuya designación viola la ley, pero aquí y ahora, con el flamante gobierno perredista que tantas esperanzas hizo que albergáramos, hay que preguntarse si queremos ajustarnos a lo que indica la legislación o si vamos a seguir los pasos de quienes tanto hemos criticado. Ese es el meollo del asunto.

Esta regada de tepache del equipo que controla la CAPAZ sin duda colocará en una situación embarazosa al Presidente Municipal, a menos que todos los que deberían intervenir para meter el orden: La Contraloría del Estado, la CAPASEG, la CONAGUA y los diputados del Congreso de Guerrero, entre otros, ya estén al tanto del asunto y hasta hayan ofrecido hacerse de la vista gorda ante esta evidente violación a la Ley a cambio de unas tiritas y unas cervezas en algunas de las innumerables cantinas… perdón de las inigualables cevicherías del puerto, cada vez que nos visiten.