OPINION

Un cambio para bien

Por Manuel Tello Zapata

El Ingeniero Civil José Manuel Armenta Tello, dejó su cargo como Delegado estatal de SEDESOL, para responsabilizarse de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (SEDATU). Dicho relevo fue realizado por petición de la Secretaria Rosario Robles Berlanga, y aprobado sin ningún reparo por el titular de Gobernación; Miguel Ángel Osorio Chong, quien conoce bien el trabajo que realizó el joven profesionista chilpancingueño en la SEDESOL, sobre todo por las condiciones críticas de nuestra entidad.

De acuerdo al Coneval, del 2013 al 2015 se han sacado dela pobreza extrema con los programas de SEDESOL, a 243 mil personas, de un millón 100 mil guerrerenses que sobreviven en esa condición. Quienes dejaron la pobreza extrema recibieron el apoyo oficial para convertir sus pisos de tierra en pisos de cemento; Muros de madera en muros de ladrillo; Techos de teja o madera en techos de lámina de fibrocemento; se les dotó de agua potable, drenaje con baños ecológicos biodigestores; una estufa ecológica que utiliza poca leña, etc..

En el período de José Manuel Armenta como delegado de SEDESOL, se instalaron mil comedores comunitarios. Trescientas estancias infantiles; se otorgaron pensiones a 218 mil personas y se construyeron 200 centros comunitarios de aprendizaje dotados de computadoras con internet satelital. Esto es consecuencia del intenso trabajo que realizó el joven profesionista, quien se ganó la confianza de Rosario Robles por su capacidad. 

Con Armenta Tello como delegado, la SEDESOL construyó en Tlapa la CIUDAD DE LAS MUJERES, con un costo de cien millones de pesos que ya está funcionando. Este gran proyecto es el primero en el país y solamente existe una ciudad de estas en El Salvador, que fue  construida por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestro paisano chilpancingueño puede sentirse satisfecho de lo que logró como delegado de SEDESOL, y por conocer a fondo los problemas de la SEDATU, se da por descontado que resolverá en el corto plazo los problemas de esa dependencia.

¿RETENCIÓN O DELITO?

No se sabe de cual fumó el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos; Ramón Navarrete Magdaleno, quien calificó como lamentable “el desalojo de normalistas por parte de elementos policiacos”. Según el Ombudsman, los estudiantes habían retenido algunos vehículos. Lo que en realidad sucedió es que los “anormalistas” se robaron seis autobuses, bajando por la fuerza a sus pasajeros (violando sus derechos humanos), muchos de los cuales no pudieron recuperar sus maletas.

El colmo sucedió cuando estos sujetos, se apoderaron de una pipa con más de 55 mil litros de combustible, un vil robo y no una retención como dijo el Ombudsman, para trasladarla a su escuela. Este tipo de actos delictivos ya no puede ni debe ser tolerado por las autoridades, por lo que se montó un operativo policiaco para recuperar, tanto la pipa como los autobuses.

Los estudiantes opusieron violenta resistencia a la policía, lo que se pudo constatar en las escenas que vimos todos en el noticiero de Joaquín López Dóriga. La policía respondió a la agresión con toletes y escudos por lo que, pese a la energía desatada no hubo muertos ni heridos graves. Este tipo de actos no pueden permitirse más; sobre todo porque la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos continúa y algunos líderes de Ayotzinapa podrían estar aliados al grupo delincuencial Los Rojos. 

Lo que Ramón Navarrete debería recomendar, es que los estudiantes de Ayotzinapa deben dejar de incurrir en este tipo de actos ilegales, que constituyen claramente un delito grave. En fin. Cabe citar que otro fumador de la buena es el abogado de Ayotzinapa , Vidulfo Rosales Sierra, quien dijo que con la represión mostrada ayer por la policía, “está claro que el Gobierno criminaliza la protesta”. Quienes criminalizan esta son los propios estudiantes, con estos actos que a todas luces constituyen un delito que no se debe tolerar en un gobierno de leyes.

Mediante un escueto boletín, el secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame, definió a la perfección lo que el mandato del Gobernador Héctor Astudillo Flores califica como darle orden y paz al pueblo de Guerrero: “Mantener la paz social, el orden público, y el estado de derecho”.