Más de 250 millones de pesos de las arcas municipales están pulverizadas, por pagos pendientes de laudos laborales y mercantiles; y, así ahogan las finanzas de la administración municipal. Empleados de han demando a la comuna están en espera de su pago; pero cómodamente en oficinas de la propia comuna, siguen laborando, lo cual denigra la gobernabilidad en esta ciudad.
Gente que apoyó en la campaña al actual mandatario municipal, están en la sala de espera, de acomodarse en un espacio; hasta en tanto se remueve personal de las administraciones de los ex alcaldes Ediberto Tabarez Cisneros, Carlos Armando Bello Gómez y de Pedro Brito García, quienes velan armas, y, que su gente no sea removida, lo que causa problemas políticos y económicos internos. Quienes no quieren dejar el hueso. Son estos mismos que demandan su pago; pero sin dejar su puesto.
En tanto el comercio ambulante y semifijo, del centro de la ciudad, sigue causando trastornos a terceras personas y principalmente a los dueños de establecimientos, a quienes les obstruyen sus entradas. Así mismo exponen la vida de los peatones, al invadir impunemente banquetas y calles. Muchos de estos comerciantes ambulantes destacan que se “lesionan sus derechos humanos”; para lo cual han contratado los servicios del leguleyo Carmelo Ríos (quien es abogado de la comuna; es decir juez y parte), quien no conforme con ello, la esposa de éste, también, tiene demandado al Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, por millonaria suma; pero la dama en cuestión, sigue trabajando. ¿Creo que se llama corrupción, o no?.
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