Chilpancingo, Gro., octubre 27 del 2016 (IRZA).-En Guerrero, el Servicio Médico Forense no implementa ningún protocolo de cadena de custodia o para el tratamiento e identificación forense, de los cuerpos que permanecen y se acumulan en esas instalaciones, en cuyas cámaras frigoríficas ya se almacenan 475 cadáveres sin identidad en sus tres sedes: Acapulco, Iguala y Chilpancingo.
Esa irregularidad significa un verdadero obstáculo para la identificación, denunciaron familiares de desaparecidos. Y, por ejemplo, la señora María Guadalupe Rodríguez, que desde el 2014 tiene desaparecido a su hijo Josué García Rodríguez, en las inmediaciones de la secundaria técnica 30 de esta capital, en la colonia Alianza Popular, denunció que en el Semefo los han revictimizado por el peregrinar que les hacen pasar al ir una y otra vez a identificar cuerpos que no tienen ni folio.
“Hay muchas irregularidades en estas unidades forenses que tienen que ser corregidas, porque de no ser así, difícilmente los cuerpos van a ser identificados por sus familiares”, señaló.
Con base al nuevo Sistema Penal, la cadena de custodia es el registro fiel de todo el proceso que debe seguirse por los indicios o evidencias desde el hallazgo, por parte de la autoridad, policía o agente del Ministerio Público, hasta que el caso llegue a su conclusión, según sea el procedimiento.
La Procuraduría General de la República (PGR), debido a que la sociedad mexicana experimenta riesgos mayores por sucesos que generan la muerte de un elevado número de personas por desastres naturales, accidentes de transporte colectivo, a lo que se suma la violencia criminal de la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, trata de personas, entre otras causas, estableció con las fiscalías de todo el país el protocolo para el tratamiento e identificación forense, y el acuerdo se publicó el 15 de octubre del 2015, para que se cumpla lo que establece la Constitución, en su artículo 20.
Lo anterior tiene la finalidad de lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Este protocolo establece también que de todos los cadáveres que ingresan a necropsia, debe tomarse una ficha necrodactilar y una serie fotográfica, lo que permitirá que se despejen dudas futuras y, en el caso de cuerpos no identificados, el médico forense debe garantizar la disponibilidad de un archivo básico, conformado por la descripción externa e interna del cuerpo, descripción de prendas, fotografía, ficha necrodactilar, examen dental, muestras en reserva y registro final.
Por la falta de implementación de estos protocolos, los datos de los cadáveres no identificados no son ingresados al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) de la Secretaría de Gobernación federal, por lo que muchas familias que ingresan a buscar a sus desaparecidos en ese sistema, no conocen ni las mínimas características de los cuerpos que están en los Semefos de Guerrero, significado de omisión de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Salud, porque de esta última instancia depende el procedimiento forense.
La señora María Guadalupe Rodríguez, recordó el caso de la menor de 15 años de edad, Zaira Hernández Chino, quien desapareció en marzo del 2015 y en enero de este año se encontró su cuerpo junto a otros restos en una fosa clandestina en las inmediaciones de la comunidad de Amojileca, municipio de Chilpancingo.
“La mamá de la niña tuvo que dar vueltas durante casi diez meses (desde enero que encontraron su cuerpo), para que las autoridades forenses de Chilpancingo le entregaran el cuerpo de su hija, a pesar de que ya le habían realizado la confrontación genética y, además, el día que encontraron su cuerpo la identificó por sus ropas”, añadió.
María Guadalupe dijo que derivado de la desaparición de cien personas en Chilpancingo, los afectados son más de 400 familiares, entre padres e hijos.
Añadió que por la búsqueda diaria que realizan de sus familiares, a las mujeres las han despedido de sus empleos, porque su esposo o su hijo están desaparecidos, lo que afecta en sobremanera su economía y descuidan al resto de su familia, y que hay casos en los que niños tienen que dejar la escuela.
Se quejó porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no hace nada para apoyarlos.
La mujer exigió que se implementen todos los protocolos establecidos y la cadena de custodia forense. Asimismo, que los cuerpos se entreguen con mayor rapidez a sus familiares y se evite que cadáveres sean enviados al anunciado cementerio ministerial, cuando hay personas que buscan a familiares desaparecidos a las que se los deberían mostrar para su posible identificación.
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