-Son 25 millones de pesos, dice Adrián Alarcón.
Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., octubre 19 del 2016 (IRZA).- El gobierno de Marco Antonio Leyva Mena es omiso con la transparencia y rendición de cuentas, porque a dos meses del cierre del ejercicio fiscal no ha informado del destino de los 25 millones de pesos que recibió del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), y que debieron ejercerse en este 2016.
Adrián Alarcón Ríos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Chilpancingo), indicó que desde hace meses han solicitado esa información, pero las autoridades municipales, incluyendo a síndicos y regidores, han omitido su petición.
Expuso que Leyva Mena no ha informado en qué acciones está aplicando este recurso, destinado originalmente para acciones de prevención del delito, pero en contraste, dijo, la incidencia delictiva se ha recrudecido en las últimas semanas en este municipio.
“Tenemos oleadas de violencia de diferente índole, la delincuencia se ha diversificado y estos recursos no se están aplicando”, recalcó. Recordó el asesinado de cinco personas en una semana, lo cual refleja la falta de trabajo en materia de seguridad pública.
Alarcón Ríos indicó que la extorsión telefónica aumentó drásticamente, pues tienen un registro de hasta 200 casos en los últimos tres meses entre miembros de Coparmex y de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).
Los empresarios estiman que esas llamadas salen del Centro de Reinserción Social de Acapulco y de algunos otros estados del norte del país, por sus ladas. Informó que esos casos y los números telefónicos ya fueron notificados a las autoridades estatales.
Agregó que el robo de vehículos y el asalto de personas al salir de los bancos o de los centros comerciales de esta capital han aumentado considerablemente en los últimos tres meses.
El empresario reconoció que en el municipio de Acapulco sí ha disminuido la incidencia delictiva en cuanto a homicidios dolosos, secuestros y en extorsión directa en establecimientos comerciales, como lo ha informado el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Pese a esos contrastes, reiteró, la ciudadanía de Chilpancingo desconoce el destino de los 25 millones de pesos destinados para la prevención social del delito, como ocurrió en 2015, en el último año de gestión del entonces alcalde, Mario Moreno Arcos.
Precisó que el 40 por ciento del recurso se destina obra pública en parques recreativos y centros deportivos, los cuales sí se han hecho, pero señaló que no hay claridad en cuanto a las conferencias, reconstrucción del tejido social y promoción de valores en jóvenes y familias.
“Estamos en octubre y no sabemos nada, lo único que hemos escuchado del presidente municipal es que se hará una ciclopista rumbo a la comunidad de Petaquillas”, dijo. Agregó que en coordinación con organizaciones civiles y económicas han propuesto actividades para prevenir la comisión de delitos, pero señaló que han sido ignorados.
No descartó que ante la omisión de Leyva Mena, vuelvan a recurrir a la Secretaría de Gobernación, como hicieron en 2015, para solicitar información sobre la aplicación del recurso para ese fin.
Consultado sobre la liberación de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, por maestros de la CETEG de la corriente de “Toña” Morales Vélez, el empresario celebró la intervención del gobernador Héctor Astudillo, a quien adjudicó la operación política.
Pidió al presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena, asumir sus “bueno oficios políticos” para remozar la plaza, reparar las jardineras y emprender acciones para evitar que otras organizaciones se apropien de ese espacio que le corresponde a todos los ciudadanos.
“Es momento que el Ayuntamiento tome las riendas de este espacio como le corresponde, cuidarlo, que se establezca orden porque nadie puede estar fuera del marco legal.
Que a los comerciantes ambulantes los inviten a desalojar o los lleven a otro lugar. Son necesarios los buenos oficios del Ayuntamiento para ordenar el zócalo”, indicó.
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