Chilpancingo, Gro., julio 27 de 2017 (IRZA).- El gobierno de Guerrero investiga al alcalde de Ahuacuotzingo, Gerzaín Hernández Casarrubias, porque los cinco policías asesinados en el asalto del martes a personal del programa asistencial Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social federal, no estaban reconocidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Legalmente no eran policías en activo”, confirmó este jueves en entrevista Nivia Solís Peralta, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Señaló que el alcalde panista “violó la norma” al reclutar a esos cinco elementos sin la debida certificación, evaluación y autorización de la licencia colectiva para portar arma de fuego.
“No entiendo cómo estén contratados, es parte de la investigación que se está haciendo. Esos elementos no están dados de alta en el Registro Nacional Policial. Es una responsabilidad del alcalde”, sentenció.
De acuerdo con la funcionaria estatal, “debe haber una sanción” en contra del edil, quien deberá explicar el estatus legal, jurídico y administrativo de esos cinco elementos. “No me explico el sentido de haber incorporado a elementos que no están ni evaluados ni capacitados y que los haya armado”, agregó.
“Lo más sorprendente es que este municipio firmó el Mando Único”, dijo, y agregó que la Policía de Ahuacuotzingo tiene 36 elementos, de los cuales sólo 24 están certificados, evaluados en control de confianza y en licencia colectiva. “Los cinco policías (asesinados) no estaban legalmente reconocidos en la fuerza policiaca”.
El martes en la mañana, en el punto conocido como Rincón de Cosahuapa, en los límites de Ahuacuotzingo con Olinalá, un grupo de civiles encapuchados emboscó y mató a balazos a dos empleados del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y a cinco policías municipales, para robarles 977 mil pesos que iban destinados a pagar a los beneficiarios del programa Prospera.
Cuestionada sobre la indemnización que reclaman los familiares de esos cinco elementos, Solís Peralta insistió en que la “responsabilidad directa” es del alcalde porque él los incorporó y los armó, y que hasta el día de su deceso no solicitó su evaluación y certificación.
Revisan la certificación de policías preventivos
Al margen de estos hechos, la funcionaria informó que habían iniciado la revisión de los 4 mil policías registrados, en total, en los 81 municipios, para comprobar o no si están debidamente certificados.
“El gobernador me instruyó que hagamos un operativo-caravana de ir a los municipios para regularizar a los policías porque es algo que reiteradamente sucede con los alcaldes, no le dan la importancia, tienen necesidades pero no se acercan al Consejo”, denunció.
Comentó que permanentemente han solicitado a los alcaldes que “nos ayuden cuando deciden incrementar su fuerza”, a través de los mecanismos legales porque, además, “cada 72 horas se actualiza la base de datos del Registro Nacional Policial”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario