Anuncian a regañadientes el cese de policías que agredieron al periodista Jorge Valente Nava Nava

Acapulco, Gro., noviembre 29 de 2017 (IRZA).- El secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Max Lorenzo Sedano Romano, anunció este miércoles el cese inmediato de los policías municipales que agredieron y detuvieron arbitrariamente al periodista Jorge Valente Nava Nava y a su hijo, el pasado lunes por la noche en una calle del fraccionamiento Costa Azul.
Con una actitud soberbia, a regañadientes y sin permitir preguntas, el jefe policíaco aseguró que actitudes como las de sus elementos “no tienen cabida en la Secretaría de Seguridad Pública”, y que por instrucciones de alcalde Evodio Velázquez, “en toda acción policíaca debe prevalecer el respeto a los derechos humanos”.
Jorge Valente Nava Nava y su hijo fueron agredidos, detenidos y extorsionados por un grupo de policías municipales cerca de su domicilio en el fraccionamiento Costa Azul, con el pretexto de que se realizaba un operativo de seguridad en esa zona.
El comunicador y su hijo fueron retenidos contra su voluntad durante varias horas; fueron insultados y amenazados por los elementos policiacos, quienes los liberaron después de pagar una “multa” económica por un delito no especificado.
Ante la insistencia de los periodistas por conocer las identidades y el número de los presuntos elementos cesados, el funcionario policiaco dio por concluida de manera abrupta la lectura del comunicado y abandonó apresuradamente la sala donde se encontraban reporteros locales.
Cabe destacar que Sedano Romano fue subdirector general de Operaciones e Investigación de la Policial Ministerial de la Fiscalía de Veracruz en 2015, bajo el mando directo del ex gobernador Javier Duarte Ochoa, actualmente preso en un penal federal.
El jefe policiaco, una ficha
Antes fue director del Instituto Universitario de Ciencias Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero (Unipol) durante la administración del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero tuvo que dejar el cargo en medio de señalamientos por el desvío de recursos federales destinados al combate de la violencia, anomalía que fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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