martes, 5 de diciembre de 2017

La Ley de Seguridad Interior es para garantizar la seguridad pública: BVN


- No para violar derechos humanos, asegura.
Chilpancingo, Gro., diciembre 4 de 2017 (IRZA).- La Ley de Seguridad Interior “no va a militarizar el país”, afirmó este lunes la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, quien respaldó la iniciativa que ahora está en la cancha del Senado de la República en espera de su aprobación, en su caso.
Agregó que la misma iniciativa establece que “no habrá vulnerabilidad contra los derechos humanos; es decir, los derechos humanos se tienen que respetar al 100 por ciento, no se puede perder lo que ya se avanzó”.
Este lunes en entrevista, la legisladora federal del PRI por el distrito 07 con cabecera en Chilpancingo, manifestó que la iniciativa sólo proporciona “fuerza legal” a soldados y marinos en sus acciones contra la delincuencia.
“Sabemos que desde hace 10 años están en las calles, solamente que no tienen esa fuerza legal; es lo único que hicimos. Esta ley le da certeza al ciudadano que a gritos está diciendo que quiere seguridad y que ya no confía en sus policías municipales y estatales y que necesita urgentemente la seguridad para sus familias”, dijo.
¿La misma ley sustituye a las policías municipales y estatales?, se le preguntó.
“No las van a sustituir, las van a acompañar pero con la fuerza legal que se necesita. Podrán actuar conforme al marco legal que tenemos todos los mexicanos y tendrán legalidad para estar en las calles”, respondió.
Desde la semana pasada en Guerrero han surgido opiniones de dirigentes y luchadores sociales que advierten que la inminente aprobación de la iniciativa significa un retroceso en materia de derechos humanos.
Advierten mayor incidencia de abusos del Ejército, sobre todo en el contexto del próximo proceso electoral, aunque diputados locales, alcaldes y el gobernador Héctor Astudillo han manifestado su respaldo.
Al respecto, Beatriz Vélez rechazó que exista tal retroceso, pues explicó que los militares y marinos no podrán actuar contra manifestaciones sociales, a menos que haya violencia contra ciudadanos o instalaciones públicas.

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