Fiscalía General del Estado debe informar paradero y situación jurídica de Espinosa

Chilpancingo, Gro., enero 28 de 2018 (IRZA).- Tras ocho días de que Esteban Espinosa Montoya renunció a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) debió ya informar dónde está y cuál su situación jurídica.

Así lo declaró Rubén Cayetano García, presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, a propósito de que se dio a conocer que el ex secretario y los elementos de la Policía Municipal reprobaron los exámenes de Control y Confianza aplicados en 2016, pero aun así continuaron operando.
La polémica es a raíz de la muerte de Marco Catalán Cabrera y Jorge Arturo Vázquez, quienes habrían sido entregados a miembros de la delincuencia organizada por policías.
Tras esos hechos, de la seguridad pública en la capital se hizo cargo la Policía del Estado con el apoyo de policías federales y militares.
Posteriormente se dio a conocer que la mayoría de los elementos policiacos de Chilpancingo reprobaron los exámenes de control y confianza que aplica la Secretaría de Gobernación federal, incluido el secretario de Seguridad Pública.
Líderes de organizaciones sociales y familiares de los jóvenes que aún están desaparecidos se preguntan dónde se encuentra el ex titular de la SSP.
El abogado Rubén Cayetano dijo que la FGE debe dar explicaciones a la sociedad y familiares acerca del paradero del ex funcionario policiaco.
“En estos términos debería informar el fiscal general del estado (Xavier Olea Peláez) por qué Esteban no declaró, por qué no se le investigó, y si ya declaró, que les dé una explicación a las familias y a la sociedad de Chilpancingo”.
Y es que, aseveró, en la desapariciones de los jóvenes “hay una gran responsabilidad” por parte de Montoya.
Agregó: “No es creíble que el señor presente una renuncia y se vaya sin que sea requerido por las autoridades, eso habla de una red de complicidades, desde las instancias encargadas de las investigaciones, concretamente la Fiscalía”.
Lo anterior, dijo, deja entrever la incapacidad que hay en la FGE para resolver los casos de asesinatos y desapariciones.

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