Fernando Polanco Ochoa/IRZA
Chilpancingo, Gro., octubre 8 de 2018 (IRZA).- El ex alcalde Marco Antonio Leyva Mena podría ser inhabilitado en el servicio público y enfrentar sanciones penales por el delito de “daño patrimonial” en agravio del Ayuntamiento, si se comprueba que autorizó basificaciones a ex síndicos y ex regidores.
Además, estas recategorizaciones quedarán sin efecto, y Leyva Mena tendría que resarcir con recursos propios el monto total del recurso que “desvió” para cubrir el salario de los ex ediles a partir de que autorizó su basificación.
Eduardo Loria Casanova, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal, aseguró que esta acción “irresponsable” podría derivar en una “inhabilitación” y demanda penal en contra del exalcalde.
En este caso también intervendría directamente el Sistema Estatal Anticorrupción, a través de su Fiscalía especializada, luego de que este lunes se conoció que ex alcalde basificó a varios ex ediles, entre ellos a la ex síndica Cristina Morales Nicolás y la ex regidora Sara Pablo González, las dos del PRI, quienes, paradójicamente, lo acusaron de incurrir en presuntas anomalías.
Al respecto, Loria Casanova afirmó: “Habría que ver la justificación (de las basificaciones) porque es una irresponsabilidad, definitivamente”, además de que ex alcalde sería el responsable directo de esa situación.
Agregó que toda basificación debe sustentarse financieramente porque, de lo contrario, tendría que “desviar” dinero de otras acciones y programas para pagar la nómina”, como el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que no se entera al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que utiliza para cubrir sueldos y salarios.
El funcionario estatal precisó que todo dependerá del proceso de entrega-recepción que está en marcha, cuyo resultado deberá ser notificado por el alcalde Antonio Gaspar Beltrán a través de una denuncia formal.
“Tiene que denunciar porque si no la observación o irregularidad recaería hacia él (en Gaspar Beltrán); la denuncia debe llegar a nosotros y como en este caso se habla de un monto económico, debemos dar parte a la Fiscalía por (el presunto delito de) daño patrimonial”.
Agregó: “Nosotros (Secretaría de Contraloría), por nuestra cuenta podemos inhabilitarlo, a través de una sanción administrativa, y la Fiscalía tendría que pedir el reintegro del dinero que se calcula a partir de cuándo los basificó y cuánto cobraron”.
Del resto de los procesos de entrega-recepción, informó que todos los ayuntamientos están avanzando con normalidad, excepto en Cochoapa el Grande, donde el alcalde electo, Daniel Esteban González, sigue desaparecido, y en Ayutla de los Libres, donde hay hasta tres responsables.
Explicó que en estos dos casos se firmaron actas bajo protesta, porque las autoridades salientes no se presentaron a la instalación del comité de entrega-recepción. Los alcaldes en funciones tienen 30 días para presentar el resultado de este ejercicio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario