Preparan procedimientos de responsabilidad contra las administraciones de Aguirre y Ortega

Chilpancingo, Gro., octubre 28 del 2018 (IRZA).- La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental prepara por lo menos 15 procedimientos de responsabilidad por presuntas irregularidades detectadas en las administraciones de los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, en los que presume delitos de daño patrimonial y que podrían encauzarse a la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción.

Estas presuntas irregularidades “están en proceso de investigación”, porque ya culminaron los plazos de solventación. “Estamos en el inicio del análisis de responsabilidad”, dijo Eduardo Loria Casanova, titular de la referida dependencia estatal.
Confirmó el funcionario que no tienen “ni un caso que no tenga observaciones”, pero precisó que del 2012 a la fecha tienen 15 procedimientos en estatus de solventación.
Aunque el funcionario estatal fue mesurado: “No quiero decir si hay responsabilidad (por desvíos financieros o daño patrimonial) hasta que culminen esos periodos (de solventación)”.
Explicó que la gran mayoría de los procedimientos detectados en ese lapso, que comprende los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, son por insuficiencias de carácter administrativo.
Pero advirtió: “Uno que otro (expediente) requerirá dar parte a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ellos determinarán si hay o no responsabilidad en caso de que presuman un daño a las finanzas públicas o daño patrimonial”.
Loria también reveló que al asumir el cargo, el 13 de julio de este año, detectó que esta dependencia no había ni siquiera notificado los pliegos de observaciones a las auditorías que aplicó a las pasadas administraciones.
“No podemos brincarnos un paso, si no notifico lo que observé, mucho menos te puedo exigir que lo solventes. Estamos en el proceso de entregar una cantidad importante de informes”, expuso.
Explicó que las autoridades de la Secretaría de Contraloría, Auditoría Superior del Estado (ASE) y Fiscalía General del Estado (FGE) trabajan en uniformidad para no duplicar la investigación y que cada una cumpla con su ámbito de competencia.
En ese sentido, explicó que en caso de comprobar irregularidades de ex funcionarios estatales, tendrían que ser sancionados con base a la ley anterior de responsabilidades de los servidores públicos, pues la última reforma entró en vigor el pasado 1 de enero.