Chilpancingo, Gro., enero 10 del 2018 (IRZA).- Propietarios de los negocios de comida ubicados frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), denunciaron que el fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila pretende desalojarlos tras el ataque y muerte del ex coordinador de grupo de la Policía Ministerial, Rey David Cortés Flores, en hechos donde también resultó lesionada en una pierna una joven estudiante.
Rey David Cortés Flores fue atacado a balazos el miércoles por la mañana por dos mujeres y dos hombres en las casetas de comida que se localizan frente a la pluma de acceso principal a la FGE, a un costado del encauzamiento del Río Huacapa.
En esos hechos también resultó herida en una pierna una joven estudiante de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
El ex coordinador de grupo la Policía Ministerial murió cuando era trasladado por paramédicos en una ambulancia al hospital privado del Sur, mientras que la joven fue ingresada para su atención médica.
Este jueves, dos comerciantes ofrecieron una conferencia de prensa en este sitio donde venden comida, donde atienden, sobre todo, a trabajadores de la FGE.
Afirmaron que el fiscal ya dio la orden de desalojarlos y de esa manera “quiere arreglar un problema cuando ya sucedió un atentado. Como comerciantes nos arriesgamos y ayer (miércoles) nos sorprendieron con este hecho, estamos frente a la Fiscalía y sucedió este hecho”.
Denunciaron que “los policías ya salieron cuando se habían marchado los agresores, pero si quieren investigar ahí están las cámaras de seguridad”.
Mencionaron que “ahora por cada persona asesinada van a quitar a los comerciantes y dejarlos sin empleo”.
Mencionaron que el argumento del fiscal es porque “según obstruimos las cámaras de vigilancia, pero si hay cámaras que grabaron todo lo que sucedió”.
Pidieron que el fiscal respete su actividad comercial y dijeron que “no tenemos nada que ver con los hechos, somos vendedores establecidos, pagamos impuestos, tenemos empleados, hijos que mandamos a la escuela”.
Señalaron al fiscal “nos quiere mover por el atentado, (pero) si quieren saber qué sucedió ahí están las cámaras de vigilancia, siempre había policías y pasó este incidente, no vendemos cerveza o algo ilícito, no le hacemos mal a nadie, pagamos nuestros impuestos al municipio y estamos establecidos de manera legal”.
Indicaron que tienen más de diez años establecidos en ese sitio, “creemos que este incidente no es argumento para que nos quiten cuando nos ganamos el dinero de manera honrada, también nosotros estamos hartos de la inseguridad y de la ola de violencia, no estamos pidiendo algo malo, estamos trabajando afuera (de la Fiscalía), no somos malvivientes”.
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