Chilpancingo, Gro., a 28 de octubre del 2020.- La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Defensoría Pública y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que operadores jurídicos de este Poder y la Defensoría Pública estatal reciban de forma permanente la capacitación necesaria que les permita atender a personas con discapacidad, con el objeto de darles un trato adecuado y una efectiva impartición de justicia.
Con estas reformas, expuso la legisladora del Partido del Trabajo, se pretende que en los procesos judiciales el defensor o asesor haga uso de los medios tecnológicos y apoyo necesarios para que el servicio que presta sea adecuado y acorde a la discapacidad del usuario, que le permita comprender e interactuar en el proceso y procedimiento para asegurar el acceso a la justicia en igualdad y equilibrio procesal.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos refirió que a pesar de que a nivel local se cuenta con la Ley para las Personas con Discapacidad y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, las cuales establecen las bases para la inclusión en un marco de igualdad y/o equiparación de oportunidades, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, reparar y eliminar todas las formas de discriminación, la brecha de accesibilidad de personas con discapacidad aún es latente, por lo que se deben reformar diferentes ordenamientos jurídicos para garantizar los derechos de este sector.
Agregó que el derecho de acudir ante los tribunales está consagrado en la Constitución, pactos y tratados internacionales, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 10 establece: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella”.
Expuso que pese a que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 señala que el 8.7 por ciento de la población de Guerrero tiene una o más discapacidades, y el 16.9 por ciento cuenta con una limitación, la realidad pone de manifiesto que el derecho a la justicia difícilmente se garantiza, debido a las limitaciones que presentan las instancias y a las barreras sociales y jurídicas que permean para no garantizar sus derechos a la seguridad jurídica en un plano de igualdad.
Estas propuestas de reforma y adiciones fueron turnadas a la Comisión de Justicia para ser analizadas y dictaminadas.
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