Chilpancingo, Gro., a 17 de enero del 2021.- Para castigar de 3 a 8 años de prisión a quien ilícitamente realice el cambio de uso del suelo, descargue o deposite hasta tres metros cúbicos en cualquier estado físico, residuos de la industria de la construcción, extraiga suelo o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor a dos metros cúbicos, y a quien provoque un incendio en un área natural protegida o de valor ambiental de competencia del Estado, así como en aguas marinas, barrancas, ríos, cuencas, zonas de recarga de mantos acuíferos, o un área verde en territorio urbano, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
La diputada de Morena reseñó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que las obras y actividades en áreas naturales protegidas debe tener autorización en materia de impacto ambiental por parte de la autoridad federal o estatal.
En este sentido, explicó que las áreas naturales protegidas de competencia estatal están reguladas por artículo 45 de la Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, y corresponde a la SEMAREN evaluar el impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades en esos lugares.
Norma Otilia Hernández dijo que su propuesta de reformar el Código Penal es para garantizar la protección de las 11 áreas naturales decretadas como protegidas en Guerrero, tanto federales como estatales, las cuales abarcan una superficie de 9,388.73 hectáreas.
La legisladora refirió que la protección de estos espacios es de gran importancia porque son dedicados a conservar los ecosistemas, proteger la flora y fauna, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y mantener diversos servicios ambientales de los cuales depende el ser humano, como el alimento, abasto de agua, captura de carbono, entre otros beneficios.
Además, mitigan los desafíos ambientales, primordialmente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica, la inseguridad alimentaria y la respuesta a los desastres naturales, garantizando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático para su análisis y dictaminación respectivos.
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