Chilpancingo, Gro., a 10 de marzo del 2021.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de reforma el Código Civil del estado para que se le impida volver a contraer nupcias a la persona que haya sido condenada o esté cumpliendo castigo por violencia familiar o de género, con excepción de quienes acrediten haber cumplido con tratamiento psicológico para el control de la ira, agresividad y violencia.
Al explicar el sentido de la iniciativa, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera como violencia intrafamiliar cualquier acto de poder u omisión intencional dirigida a dominar, someter, controlar o agredir física, psicoemocional o sexualmente a un integrante de la familia, ocasionando daños físicos como depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento social.
Cabada Arias resaltó que, pese a las acciones y políticas públicas para erradicar la violencia intrafamiliar, en México aún persiste el problema, particularmente en Guerrero, que ocupa el lugar número dos en incidencia, según cifras de la Secretaría de Salud.
Agregó que de acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes de Chilpancingo, a causa del confinamiento se ha incrementado algún tipo de violencia o agresión en los hogares, situación que preocupa aún más porque se supone que el matrimonio es donde dos personas realizan una convivencia de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
El legislador considera que la violencia al interior de los hogares debe ser considerada como un problema de salud pública que requiere de políticas, programas y campañas emanadas de los organismos competentes para prevenir y concientizar a la población sobre las consecuencias de este mal social.
Asimismo, plantea que se debe fomentar la denuncia de este tipo de situaciones, ya que, a pesar de que se encuentra penada por la Ley, se requiere ampliar las garantías mediante la adecuación del Código Civil del estado.
Esta iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.
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